Dicen que la terce­ra es la vencida. De eso se convenció el PRO, que por tercera vez desde que llegó a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad inten­ta colar en la agenda política de la Legislatura un tema que divi­de aguas: la intervención priva­da en espacios públicos con más de cinco mil metros cuadrados (media manzana) como plazas, bulevares, plazoletas y parques, en los que se proyecta la cons­trucción de bares, sanitarios, estaciones de salud, sombrillas y hasta alquiler de bicicletas.

La iniciativa ya provocó la reacción de todo el arco oposi­tor, pero también de comune­ros, organizaciones defensoras del espacio público y hasta em­presarios, con la Confederación Argentina de la Mediana Empre­sa (CAME) a la cabeza. Los ejes del rechazo son tres: privatiza­ción del espacio público, daño al medio ambiente y competencia desleal.

El primer indicio de que el proyecto levantaría polvareda fue el 17 de octubre, cuando el macrismo convocó a un plenario de las comisiones de Protección y Uso del Espacio Público, Presupuesto y Hacienda y Turismo con la idea de avanzar en un tra­tamiento exprés. Sin embargo, durante la reunión, que se ex­tendió por más de cuatro horas, ocurrieron varios incidentes en­tre comuneros y los vecinos que se oponen a la iniciativa con el cuerpo de seguridad de la Legis­latura. Esto obligó al presidente de la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público, Oscar Zago, a trasladar el debate del Salón Montevideo al Salón Eva Perón, sin la presencia del públi­co. llí el PRO se comprometió a evaluar las observaciones y ex­tendió por 48 horas la presenta­ción de los despachos.

Según pudo saber Diario Z, en el mismo bloque oficialis­ta había muchas dudas sobre la viabilidad del proyecto presen­tado por el diputado José Luis Acevedo, ex funcionario del Mi­nisterio de Desarrollo Social du­rante la gestión de la actual vice­jefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, y hombre cercano al mi­nistro de Ambiente y Espacio Pú­blico, Diego Santilli.

Al menos dos legisladores macristas de peso criticaron no sólo el proyecto, sino también la invitación a los vecinos a par­ticipar de un plenario de comi­siones que dejó en evidencia la poca adhesión que genera el proyecto en la sociedad.

Así las cosas, pese a que se hablaba de un posible acuerdo con un sector de la oposición, el PRO presentó un despacho en soledad.

¿Servicio o lucro?

"Estamos decididos a que este proyecto salga. La oposición se pone en contra cada vez que queremos embellecer la ciudad e inventan chicanas como el títu­lo de ´bares en plazas´ para este proyecto, el cual da la sensa­ción de que queremos privatizar el espacio público, cuando sólo es un área de servicios", señaló Acevedo. La oposición presentó otros dos despachos con un ob­jetivo diametralmente opuesto: el archivo del proyecto.

El legislador del Partido So­cialista Auténtico, Adrián Camps, explicó a Diario Z las razones de su rechazo: "Estamos en contra porque no sólo es competencia desleal para los comercios que rodean a las plazas, estamos en contra porque viola las atribucio­nes de las comunas (que tienen potestad sobre los espacios pú­blicos, ver Informe en págs. 14 y 15) y porque para los defensores de medio ambiente -entre los

que me incluyo- invade los pocos espacios verdes con los que cuenta la ciudad".

Camps presentó un dicta­men junto con la legisladora Delia Bisutti (Nuevo Encuen­tro), Aníbal Ibarra (Frente Progresis­ta Popular), Fabio Basteiro y Claudia Neira (Buenos Ai­res para Todos). En tanto, en otro dictamen, la legisladora Ro­cío Sánchez Andía indicó que "sancionar una norma gene­ral en torno a una temática tan compleja y diversa como son los espacios verdes públi­cos es un acto de irresponsa­bilidad, ya que cada espacio verde tiene una superficie, estructura, identidad e histo­ria diferente, que deben ser contempladas al momento de regularlos".

En concreto, la iniciativa del PRO establece un "marco regulatorio de los permisos de uso de todo espacio públi­co destinado a parque, plaza, plazoleta, paseos, jardines y boulevares". "Cada área de descanso, esparcimiento y servicios estará integrada por un sector de sanitarios acce­sibles de uso público y gratui­to; una estación de vida salu­dable que deberá contemplar como mínimo una zona de descanso, de ejercitación fí­sica e hidratación gratuita; un sector de expendio de alimentos y bebidas; un servicio de estacionamiento de bici­cletas y, a opción del permi­sionario, un servicio de alqui­ler de bicicletas cuando en el área no existiere tal servicio ofrecido por el GCBA; un ser­vicio de reposeras; y un ser­vicio de conexión a internet gratuito".

Bares vs. pasto

Luego del tu­multuoso trata­miento legislati­vo, el macrismo habría decidido extender de 5 a 10 mil metros cuadra­dos el mínimo en el cual se podrán emplazar las nuevas "áreas de servicio". Sin em­bargo, todavía no habría con­seguido ninguna adhesión.

"Es que se trata de un ver­dadero disparate: la Ciudad tie­ne 1,8 m2 de espacio verde por habitante cuando lo recomenda­do por la Organización Mundial de la Salud es entre 10 y 15 m2", detalló Camps.

En efecto, según la diputada Bisutti, Buenos Aires "tiene un total aproximado de 1.080 es­pacios públicos verdes que van desde los 5.000m2 hasta los de más de 50.000m2. De avanzar el proyecto tal cual fue presen­tado, en los espacios verdes de más de 10.000 m2 (por ejemplo: en las plazas de una manzana de extensión) permitirán construir barcitos y el Ejecutivo los entre­gará en concesión a un privado, privándonos del uso y disfrute del verde".

En el PRO se encargaron de divulgar los ejemplos de Nueva York, París, Madrid, algunas ciu­dades brasileñas y hasta de Rosario, todas ciudades en cuyas plazas y parques funcionan barcitos y tiendas.

"Pero no dicen -retru­có Camps a este diario- que el Central Park de Nueva York tie­ne 320 hectáreas y la ciudad un promedio de 22 m2 de espacio verde por habitante, que París tiene 9 m2, Madrid 77 m2, Brasil 45 m2 y Rosario 15 m2".

"¿Por qué en vez de traba­jar para reducir los espacios ver­des con barcitos, estaciones de salud y sombrillas -que seguramente tendrán toda la parafer­nalia amarilla del PRO- no trabajan para mejorar la distribución de los espacios públicos en la Ciudad, que son pocos y mal dis­tribuidos?", se preguntó el legis­lador socialista.

Qué dice la Constitución

De aprobarse el proyecto, se estaría violando la Constitución de la Ciudad que indica como tarea del gobierno la "preserva­ción e incremento de los espa­cios verdes".

Por otro lado, el intento tam­bién transgrede la Ley de Comu­nas -que especifica que las vías secundarias y los espacios ver­des son de competencia exclu­siva de las Comunas- sino que desconoce lo estipulado en el Código de Planeamiento Urbano en lo referido a los Distritos Ur­banización Parque. Con respec­to a este punto, Acevedo contra­puso que "en muchos casos va a haber una consulta de la co­muna, que será la que decida ya que el proyecto establece el informe vinculante de la comu­na para muchos de los espacios comprendidos en este proyec­to".

En diálogo con Diario Z, el legislador macrista agregó que su iniciativa "no profundiza nin­gún déficit, sino que brinda posibilidades" porque se "permiti­rá que el espacio verde que hay hoy en día pueda ser más apro­vechable". Además, aclaró que no se trata de una "privatiza­ción", sino de "acer­car la frontera del Estado al vecino".

Desde la ONG Basta de Demoler, en cambio señala­ron que de apro­barse este proyecto "la Ciudad perdería por lo menos unas 10 hectáreas más de verde" y que "de erigirse estas construccio­nes se producirá un significativo impacto, que incluye contamina­ción visual y paisajística, sonora, del suelo, interferencias con la vegetación y cambios en la cali­dad ambiental".

Según números que manejan en esta organización, a lo largo del siglo XX, los espacios verdes públicos parquizados de la Ciudad de Buenos Aires han dismi­nuido en un 85%: de 7 m2 por habitante en 1904 a 2m2 por habitante en 1995 para llegar al mínimo histórico de 1,8 m2 en la actualidad.

Según Camps, el PRO "con­siguió el milagro de hacer coin­cidir a la CAME con los vende­dores ambulantes, que siempre se llevaron muy mal". En efec­to, tanto los empresarios como la Asociación de Vendedores In­dependientes de la Vía Pública de la República Argentina (Avi­vpra) se refirieron en términos muy duros sobre el proyecto ma­crista.

20 años no es nada

"Se trata claramente de una competencia desleal", señaló a Diario Z Vicente Lourenzo, se­cretario de Prensa de la CAME. Vicente Lourenzo explicó que "tanto los comerciantes cerca­nos a las plazas se verán seria­mente perjudicados por la utilización del espacio público con fines privados".

En tanto, el se­cretario General de Avivpra, Rubén Cá­ceres, dijo que el "PRO busca perjudicar al vendedor por cuen­ta propia y usa al proyecto de Acevedo para sacar a los ferian­tes y vendedores de alimentos sin ofrecerles ningún tipo de alternativa más que el desalojo". Cáceres subrayó que la iniciativa implica la "concesión por 20 años de un espacio público y, a su vez, la prohibición de cual­quier otra actividad comercial en ese mismo lugar". Los ven­dedores ambulantes reclaman el tratamiento de dos proyectos que apuntan a la regulación de la venta de artículos en las ca­lles y que, dicen, es sistemáticamente trabado por los legislado­res del PRO.

La sospecha de negocios de­trás del proyecto sobrevoló por todos los bloques de la Legisla­tura. Sin embargo, un legislador que siguió de cerca la evolución del expediente reflotado por ter­cera vez graficó de esta manera la situación: "La verdad es que esto es chiquitaje, el verdade­ro negocio es IRSA, que tiene en la mira 500 millones de dóla­res, por eso no se entiende que quieran quemarse ante la socie­dad con este proyecto al que se oponen todos".

Fuentes parlamentarias sos­pechan que el barullo que pro­vocó el proyecto hará que se di­late su llegada al recinto. "No está previsto tratarlo hasta fin de año", señaló un operador del macrismo.

"Lo van a terminar apro­bando en esos paquetes que se votan a último momento con acuerdos entre los bloques, en­tre gallos y medianoche", ironi­zó otro legislador de la oposi­ción.