El Grupo Plaza presentó ayer la impugnación del decreto de caducidad dictado por el intendente Gustavo Bevilacqua, el cual apunta a dejar sin efecto el vínculo entre la comuna y la empresa de transporte de pasajeros.

La compañía capitalina indicó que la medida se basa en "argumentaciones carentes de base fáctica, invoca elementos de juicio sobre los cuales no hubo derecho de defensa, soslaya situaciones relevantes y tergiversa otras e interpreta de manera sesgada y errónea disposiciones en las que pretende encontrar sustento".

Solicitó, por otra parte, se instrumente de inmediato el esquema de nuevos recorridos y frecuencias presentado por el Departamento Ejecutivo dentro de la emergencia y reclamó un inmediato ajuste de la tarifa.

De esta manera, Plaza y su apéndice Mayo, firmas concesionarias de 12 de las 16 líneas de colectivos locales, cumplieron con el paso administrativo anticipado a este diario el pasado lunes por el abogado Edgar Alex Di Berardini, representante legal de las mismas en nuestra ciudad, argumentado la "ilegalidad e inconstitucionalidad" de la medida.

En los considerandos de su escrito, los abogados retomaron la temática que desde el inicio del servicio derivó en repetidos conflictos entre las partes y denuncian la "situación de incumplimiento" de la comuna en sus "obligaciones emergentes de la concesión".

Las mismas indican el aumento de la cantidad de kilómetros de recorrido acordados en el contrato, el mal estado de las calles de tierra, la gran cantidad de baches y el rechazo del municipio a readecuar las tarifas en función del aumento de los costos.

"Nuestra voluntad se vio dificultada y obstaculizada por el rediseño dispuesto por la comuna, que nos obligó a brindar mayor alcance y extensión, debiendo aumentar las frecuencias, el parque móvil y el personal, afectando el equilibrio económico-financiero", se señaló desde la firma.

En un resumido historial, se expuso además la "muy importante inversión" realizada para "renovar y jerarquizar el transporte bahiense" y los "grandes esfuerzos" para alcanzar estándares de calidad en su prestación.

A pesar de las notas presentadas solicitando una respuesta de la comuna, Plaza y Mayo aseguraron que las autoridades "nunca brindaron una respuesta positiva".

Luego de la exposición de argumentos desarrollada en 45 páginas, las firmas anticiparon que si el municipio no hiciera lugar a la impugnación afectaría "los principios de legalidad, debido proceso e igualdad ante la ley" establecidos por la Constitución Nacional.

"Dejamos planteada la existencia de una cuestión federal suficiente para ocurrir, agotadas las respectivas instancias provinciales, ante la Corte Suprema", se expresó.

Llegados a este punto, los asesores letrados del municipio analizarán el escrito de Plaza y decidirán el camino a seguir. En caso de rechazar la impugnación, se abriría una instancia judicial.

Boicot. Plaza denunció en su revocación un "boicot" en su contra por entender que el municipio ha mantenido "un trato manifiestamente discriminatorio y desigual" en favor de la firma bahiense Rastreador Fournier, concesionaria de cuatro líneas, "violando la Constitución Nacional en cuanto a la igualdad ante la ley".

"Llama la atención el trato acentuadamente desigual que recibe la Fournier, siendo que no se le controlan vehículos, frecuencias y recorridos, autorizada a funcionar con una flota que supera marcadamente el promedio de antigüedad permitido".

"Tema de fondo"

"No he visto el escrito de Plaza, pero sabíamos que tiene el derecho de defensa. Su presentación tendrá procedimiento administrativo y nosotros seguiremos tratando el tema de fondo que es mejorar el transporte público", dijo el intendente Bevilacqua. Confirmó además que "antes de fin de mes" estarán en la ciudad los primeros diez coches para asumir el manejo de al menos una de las líneas alcanzadas por la caducidad --"la que presente menos conflictividad", según remarcó-- y se continuará progresivamente para asumir el control de los demás recorridos.

Otros planteos

Plaza y Mayo también señalaron en su presentación:

* "La decisión del municipio se encuentra en pugna con la realidad, con la recta interpretación del contrato de concesión y en contradicción con sus propios actos. Mientras, por un lado, declara la caducidad por el supuesto incumplimiento de las frecuencias y recorridos, por otro reconoce (en el mismo acto) la ineficiencia del sistema y procede a su reformulación, avalando la reducción de los recorridos y la anulación de los trazados por calles de tierra".

* "La afirmación del carácter `público y notorio' de los supuestos incumplimientos de las empresas no resulta suficiente para dar sustento a una decisión tan trascendente como la caducidad (...) Este `atajo' es la prueba cabal de la ilegitimidad de esa decisión".

* "Sobre la Comisión de Usuarios Testigos, nada se dice de quiénes la integran, su grado de representatividad o cómo fueron elegidos sus integrantes. Tampoco es suficiente un supuesto informe que advertiría sobre la cantidad de quejas. Se trata de datos que las empresas no conocen, ni tuvieron posibilidad de analizar o revisar y que tampoco otorga sustento jurídico a la decisión municipal".

* "La inclusión de calles sin pavimentar a los recorridos definidos en los pliegos derivó en importantes daños a coches adquiridos para ser utilizados en calles asfaltadas. Esta situación determinó daños en los ómnibus, deterioro de las cajas automáticas, frenos y motores y afectó la posibilidad de ajustar las frecuencias".

* "El pago de multas impuestas y firmes por incumplimientos ha sido afrontada por Plaza y Mayo y, en el caso de procedimientos pendientes, cabe estarse a la garantía de presunción de inocencia".

* "La continuidad del servicio nunca fue alterada ni interrumpida en todos los años de vigencia del contrato".

* "Acerca de las manifestaciones públicas de Plaza de dejar de prestar el servicio, se recuerda que su representante legal es el presidente del directorio o sus apoderados. En ese sentido ninguno de ellos manifestó otra voluntad que la de seguir prestando el mismo hasta el límite de sus posibilidades".

El abogado de la firma estuvo en la SAPEM

Tras la aparición pública del abogado Di Berardini como representante legal del Grupo Plaza llamó la atención en el Concejo Deliberante que el mismo letrado, en 2009, fue propuesto a instancias del bloque oficialista para representar al Ejecutivo en la Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), creada por la comuna para hacerse cargo de cuestiones vinculadas al servicio de ómnibus urbanos.

Durante la tarde de ayer se constató que, efectivamente, el abogado formó parte de la firma, como síndico suplente, cargo al que renunció en diciembre pasado.

En la actualidad, el directorio de la SAPEM está conformado por los directores Hugo Borelli (presidente), Diana Larraburu, Ramiro Villalba, Fabián Lliteras, Flavio Fuentes y Andrés Ombrosi, por el municipio, y Leonardo Valente y Omar Moscoloni, en representación del Polo Tecnológico.

Los síndicos son Silvio Edilstein --propuesto por el bloque de concejales radicales--, María Belén Serra, Ariel Hosni, Ezequiel Cortés --representando al oficialismo-- y Fernando Roger Juárez --nombrado por el Polo Tecnológico--.