“Es una medida nacional, pero que seguramente acá tendrá acompañamiento porque tanto los trabajadores como los responsables de las estaciones padecen la faltante y dificultades propias de la falta de combustibles”, señaló a época el secretario de la Cámara de Estaciones de Servicio de Corrientes (CESCOR), Jorge Sanabria.

En ese contexto, el referente agregó que “con todos estos feriados que se avecinan vamos a tener más inconvenientes con la distribución. No obstante, el feriado del sábado será inocuo, porque no es un día operable para las petroleras”.

Sobre la nula demanda del gasoil de la empresa estatal ENARSA, Sanabria señaló que “mientras que desde Planificación Federal no se firme la resolución que le otorgue un paraguas legal a los operadores de YPF no habrá pedidos, porque hay contratos firmados que pueden ser incumplidos y traerían aparejado juicios”.

El secretario general de SOESGYPE, Carlos Acuña, a nivel nacional señaló que “si antes de Semana Santa la empresa no se aviene a garantizar públicamente la renovación de todos los contratos con los surtidores que abastece, entonces habrá un paro mayor y se extenderá a las estaciones de servicios de otras marcas”.

Acuña afirmó que “en este momento y por cómo actúa YPF, se corre el peligro de que cierren casi 1.000 estaciones más, con la consecuente pérdida de 20.000 empleos”.

La petrolera YPF señaló a través de un comunicado que “la empresa dispuso ya un refuerzo en su plan de operaciones para evitar que esta medida extorsiva no impida la libertad de trabajo de sus empleados, no afecte su seguridad, y no perjudique a sus clientes”, al tiempo que hizo saber que “garantizará el habitual abastecimiento de su red de estaciones de servicio”.

La compañía refirió que “YPF cumple con las disposiciones de encuadre sindical que dispone el Ministerio de Trabajo de la Nación para este tipo de actividad”, y dijo que la empresa “lamenta que este tipo de acciones arbitrarias e ilegales intenten afectar a miles de clientes”.

La petrolera deslinda todo tipo de responsabilidad ante cualquier daño que esta medida ilegal pueda producir a su personal o a sus bienes.