Si bien en los últimos días el gobernador Daniel Scioli preanunció una temporada veraniega exitosa en toda la Provin-cia, los pinamarenses desean que la primavera se estire un poco más, ya que los tiempos para llegar a punto ante la avanzada del turismo están en un momento crítico.

Recientemente llegó al Municipio de Blas Altieri, y al Concejo Deliberante, un dictamen que provocó en la dirigencia lo-cal un dolor de cabeza mucho más fuerte que una insolación: desnudó la realidad de que las licitaciones públicas de las concesionarias de los balnearios de Pinamar, realizadas el año pasado, estuvieron mal hechas.

El informe que llegó a los despachos proviene del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) y de

un dictamen del Fiscal de Estado bonaerense, doctor Ricardo Szelagowski. Señala que las concesionarias de los balnearios de-ben efectuar las adecuaciones necesarias para contribuir a la recuperación y sustentabilidad del frente costero, de acuerdo al programa de gestión de calidad urbana ambiental del frente marítimo que realizó la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata.

Frente a este dictamen, todos los contratos de las concesionarias de las playas “van para atrás”, es decir, todo vuelve

“a foja cero”. Hay que adecuar a los balnearios de acuerdo a las normativas am-bientales, para que luego el municipio vuelva a llamar a una licitación.

Lo más grave de todo esto es que los tiempos son muy cortos, ya que falta menos de tres meses para que comience la temporada veraniega, y este replanteo genera una profunda crisis entre los involucrados, con amparos jurídicos de por medio.

La problemática no sólo tiene aristas técnicas, sino que también se suma un trasfondo político, con rencores del pasado, que agravan aún más la situación.

Cabe recordar que a principios de 2008, quien era jefe comunal por ese entonces, Roberto Porretti, y su ex secretario de Hacienda, Aldo Leonián, fueron acusados de haber extorsionado a los empresarios Rubén Cameroni y Javier Porjolovsky, propietarios del complejo bailable Ku-El Alma, quienes presentaron un video y aseguraron que se les exigió que pagaran 400 mil pesos para evitar la clausura del boliche.

Frente a ese escándalo, Porretti tuvo que dejar el cargo y el Deliberante de-signó como intendente interino a quien era el presidente de ese cuerpo legislativo, el justicialista Rafael De Vito.

Los jueces Carlos Colombo, Eduardo Campos y José Luis Macchi, a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 1, no solamente confirmaron el procesamiento de Porretti, sino también el que pesa sobre Leonián, alcanzado por los mismos cargos de extorsión.

El ascendido titular interino de la co-muna pinamarense, De Vito, junto con el Concejo Deliberante del año 2009 (formado antes de la última elección) fueron quienes organizaron los pliegos y las licitaciones que actualmente se encuentran en problemas.

Los nuevos ediles designados en los úl-timos comicios por el voto popular disparan dardos a la “otra” gestión, que hizo mal las cosas, y dicen que ahora se están pagando los platos rotos. Entre los nuevos concejales figura Roberto Porretti, quien asumió en diciembre pasado. Esto fue posible porque, si bien el HCD se opuso en un principio, la Suprema Corte de Justicia bonaerense finalmente ordenó que le tomara juramento al concejal electo, por entender que “resultaba verosímil el derecho que invocaba y que se afectaba al normal funcionamiento del cuerpo ante la decisión de impedirle asumir”.

En esta vuelta a la arena política, el concejal Porretti salió a jugársela con todo y va con los botines de punta contra la gestión anterior, y también contra la actual, de “Biaggio” Altieri, para sacar ciertas ventajas electorales y candidatearse nuevamente a la intendencia en 2011.

No obstante, tiene sobre sus espaldas el fallo pendiente del Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Dolores, que está esperando que Casación se expida y lo deje sobreseído de toda condena. Uno de los abogados de la defensa que está en la causa de Porretti, José Ochoa, sostiene a La Tecla que “hay que esperar la última palabra. Es muy posible que hasta el año que vie-ne no tengamos novedades”.

Por otro lado, nuevamente las cámaras ocultas y las sospechas de corrupción tomaron protagonismo en este balneario meses atrás. Esta vez tuvo que ver con un ex concejal, también justicialista. Raúl Coria, de él se trata, se refirió a un supuesto pago de medio millón de dólares en coimas durante el proceso de concesiones en el frente de playas y dejó implicados a sus pares del cuerpo deliberativo y a algún funcionario de la gestión de gobierno del intendente interino Rafael

De Vito.

La cámara oculta fue realizada por el periodista residente en Pinamar Diego Uribe, en las puertas de la sucursal del Banco Provincia. Uribe registró en imágenes cuando el ex concejal justicialista Raúl Coria dejó entrever que la sanción de una ordenanza referida a la franja de balnearios implicó 120.000 dólares destinados a concejales y otros 380.000 para alguien que mencionó como Rolo.

El apodo coincide con el de Rodolfo Pappaterra, quien fue secretario de Gobierno de De Vito y uno de los principales defensores del proyecto.

Actualmente la causa está en manos del fiscal Cristian Centurión, también del Tribunal de Dolores, en donde las pruebas presentadas por Uribe son pieza clave de investigación.

Espionaje, cámaras ocultas, operaciones políticas, corrupción; todos estos atractivos ingredientes, que podrían seducir a cualquier cineasta, forman parte, lamentablemente, de la realidad de la dirigencia política pinamarense. De los “nuevos” y de los “viejos” representantes del pueblo, de los que “hicieron mal las cosas” y los que “las hicieron aún peor”.

El actual intendente Altieri y el Concejo Deliberante tienen que asumir el compromiso de corregir los errores del pasado y terminar de “hacer bien” las cosas.

Los empresarios están expectantes, esperando en sus trincheras si el HCD pinamarense da marcha atrás las 31 ofertas únicas de la licitación de las concesiones de playa, para lanzar toda su artillería jurídica y defender lo que ellos en-tienden que sobrepasó los límites de la ley.

El laberíntico problema de las concesiones de playa escribió un nuevo capítulo el pasado 6 de octubre, cuando se expusieron todas las posturas de los ediles con relación al tema. Incluso la palabra del ex intendente interino Rafael De Vito, que fue uno de los principales promotores de la conflictiva ordenanza.

Finalmente, el Concejo Deliberante rechazó la aprobación de las concesiones de playa y hubo incidentes entre los concesionarios y algunos ediles.

Esta vuelta “atrás” lleva a modificar la ordenanza que se votó “entre gallos y medianoche” en la última sesión del “viejo”

cuerpo legislativo, en diciembre de 2009.

El Ejecutivo comunal ahora deberá revisar las recomendaciones que el fiscal Szelagowski formuló, para luego modificar la ordenanza y organizar un acuerdo con todos los concesionarios para que se realicen las nuevas licitaciones.

Seguramente el tema volverá al Concejo Deliberante para votarse, con las correspondientes modificaciones de la ordenanza, y se organice un nuevo llamado licitatorio.

Además, los ediles aprobaron la creación de una comisión investigadora que realice averiguaciones sobre el video en el que aparece el ex concejal Raúl Coria, ex funcionario de De Vito, hablando del supuesto pago de coimas a ediles y funcionarios para la aprobación del proyecto.

El ex intendente y actual concejal de Pinamar, Roberto Porretti, señala a La Tecla que Rafael De Vito y Blas Altieri son los dueños de los balnearios más grandes de Pinamar; ambos, como jefes comunales, están involucrados en

la ordenanza vigente. “Los poderes político y económico son los que tienen los intereses sobre la playa y los balnearios más grandes”, denuncia.

El edil pinamarense agrega: “Hoy, en el Concejo Deliberante estamos en situación de decidir sobre las 31 ofertas únicas, si son convenientes o no, autorizar al Departamento Ejecutivo que continúe con las ofertas o no”.

Porretti argumenta que “parecería ser que estos pliegos fueron hechos por los mismos interesados”. Y explica las razones de esta afirmación: “En estos pliegos sumás puntaje si vos ya fuiste concesionario. Los mismos costaban 40 mil pesos, lo cual resulta casi imposible que se presentaran otras personas que no fuesen las que ya estuvieron. De hecho, más del 90 por ciento fueron ofertas únicas. Eso te demuestra que el proceso licitatorio no fue eficiente, ni eficaz”.

El concejal del fraccionado bloque justicialista pinamarense Victor Pardo conversó con LaTecla y señaló que “el llamado a licitación de las playas fue un pliego, a mi criterio, hecho a medida de los concesionarios, no fue un llamado a licitación”.

Y agregó: “Un llamado a licitación donde evidentemente hay 31 ofertas únicas y tres doble ofertas, creo que es una prueba de que nadie se podía presentar. Fue un llamado donde se hizo un pliego como para que sea exclusivamente para los ex concesionarios”.

“Todo esto sucede por no haber tomado en cuenta los dictámenes solicitados por el Fiscal de Estado y del OPDS”.

“Este pliego que se votó fue en la época del intendente interino Rafael De Vito y cinco concejales que era su última sesión, es decir, que ‘se votaba o se votaba ahí’, fue una especulación”.

Pardo apuntó a quien asumió el cargo y firmó la polémica ordenanza: “Rafael De Vito es un delincuente, hizo todo a su medida; lo que menos tuvo en cuenta fueron los intereses de la comunidad, comprometiendo a la playa por quince años, algo que nunca se hizo”.

Por otro lado, se pierde tiempo. El verano se acerca a pasos agigantados y la desorganización administrativa reinante deja a los empresarios de las concesiones de las playas en un estado de incertidumbre, que posiblemente pueda resolverse recién en marzo de 2011.