Sucede que sobre el Partido de General Pueyrredon sobrevuela una medida cautelar que fue interpuesta en 2010 por la Defensoría del Pueblo y que frenó el cobro de algunos cánones en las tarifas de estos servicios.

“Hasta que no sea resuelta esta decisión judicial, no pondrá entrar en vigencia la disposición nacional”, aclaró la titular de la Defensoría, Beatriz Arza, que en diálogo con El Atlántico rememoró los motivos que hace dos años atrás la llevaron, junto a sus pares adjuntos, a hacer una presentación formal ante la Justicia local.

“La cautelar dejó sin efecto la aplicación del decreto de ley 2067, sobre fideicomiso. La intención de esta medida era que el costo del transporte del gas sea solventado entre el Estado y los usuarios, que verían sustancialmente aumentados los montos de sus tarifas de servicios. Era el ciudadano el que tenía que pagar costos de las empresas. Por eso es que interpusimos, ante la cantidad de denuncias recibidas, un recurso de amparo que logró el visto bueno del juez Jiménez”, detalló la funcionaria, que recordó que entre los argumentos que convalidan la presentación se destacaba el que declaraba inconstitucional a esa medida.

Arza apuntó que es por la vigencia de esta acción judicial que en Mar del Plata no podrá aplicarse la quita reglamentada por el Estado nacional. “Los que hayan renunciado a los subsidios no pagarán diferencias porque en el Partido de General Pueyrredon todos seguirán abonando tarifas subsidiadas, hasta que la situación de la medida cautelar se modifique o contradiga”, señaló.

En caso de que la disposición judicial se modifique, en Mar del Plata la quita regirá sólo sobre la electricidad y el gas, porque son servicios que sí están subsidiados. El agua, que se distribuye a través de Obras Sanitarias, no cuenta con reconocimientos económicos estatales, ni de Provincia ni de Nación.