Lo dispuso el Dr. Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Federal Nº 3, contra personas imputadas por asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado en perjuicio de 124 víctimas, por hechos acaecidos en el área comandada por la Agrupación Artillería de Defensa Aérea (AADA) 601 de la Subzona 15.
La causa nº 4447, caratulada “Malugani Juan Carlos y otros s/homicidio calificado”, investiga delitos cometidos dentro de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la sede de la Base Naval de Mar del Plata, la Escuela de Suboficiales de la Infantería de Marina (E.S.I.M.), y en la Prefectura Naval Argentina (P.N.A.).
Los procesamientos con prisión preventiva fueron dictados contra Alfredo Manuel Arrillaga, Juan José Lombardo, Raúl Alberto Marino, Juan Alberto Ignacio Ortiz, Rafael Alberto Guiñazú, Roberto Luis Pertusio, como jefes u organizadores en el delito de asociación ilícita, figura que concurre en forma real con los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas, lo que, a su vez, concurre materialmente con imposición de tormentos agravada por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, en concurso real con los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravada por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio calificado.
Asimismo, se decretaron contra José Omar Lodigiani, Julio Cesar Fulgencio Falcke, Narciso Ángel Racedo y José Francisco Bujedo, aplicándose la misma calificación jurídica pero en calidad de miembros o integrantes del delito de asociación ilícita.
Idéntica pena recibieron Mario José Osvaldo Forbice, Juan Eduardo Mosqueda y Ariel Macedonio Silva, considerados miembros o integrantes de la asociación ilícita y por los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas lo que a su vez concurre materialmente con imposición de tormentos agravada por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos.
A todos ellos, se les fijó un embargo de dos millones de pesos ($ 2.000.000).

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