En el marco de la ronda de consultas que viene realizando la comisión de Agricultura y Ambiente de la Cámara de Diputados, ayer los legisladores escucharon la opinión de los representantes del sector minero sobre el proyecto de Ley de Bosques, con media sanción ya en el Senado.
Marchiolli advirtió que, en función de la ley de bosques, el desarrollo minero quedaría sujeto a la solicitud de autorizaciones y a la aprobación de proyectos tanto de parte de la Secretaría de Minería, como de la Subsecretaría de Ambiente, complejizando el desarrollo de la actividad. "La minería tiene una ley de protección ambiental específica para la actividad, que es la 24.585, que está también incorporada al código de minería. De pronto, la Ley de Bosques nos genera dos ventanillas por las cuales nosotros vamos a tener que estar pidiendo autorizaciones, lo cual nos parece complicado, complejo y perjudicial para el inversor", señaló.
Por su parte, el vicepresidente de la AEMCA, Luis Manuel Álvarez, calificó al ordenamiento territorial como "totalmente antiproductivo". "Hablar de inmovilizar desde el punto de vista productivo, 2.140.000 hectáreas, más del 20% del territorio provincial, en una provincia semiárida con el pretexto de proteger los bosques es inadmisible. No tiene fundamento técnico ni productivo", señaló.
El secretario de Minería, Jorge Eremchuk, evitó subir el tono del debate y aseguró, tras haber mantenido una reunión con la titular de Ambiente, que es necesario avanzar en algunas modificaciones para dejar en claro las posibilidades de la minería en el marco de esta ley. "Es necesario aclarar, en artículos especiales, las posibilidades de la actividad minera para que se permita la investigación minera en todas las áreas, es decir la prospección y exploración y que también se permita, cuando corresponda, la explotación minera en cualquiera de las áreas, donde la aprobación estará sujeta a las autoridades de aplicación minera, ambiental y a la consulta pública", manifestó Eremchuk
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