El Gobierno no se da por vencido tras el rechazo opositor y evalúa reclamos ante la Corte contra los artículos que chocan con la carta magna nacional y la ley internacional.
En su estrategia, el oficialismo evalúa hasta presentaciones judiciales ante la Suprema Corte. Se trata -ni más ni menos- de recursos de inconstitucionalidad parcial contra... la propia Constitución provincial.
El procedimiento -inédito si los hay- se estudia en el más cerrado hermetismo en el corazón del Gobierno provincial.
Todo apunta a que su concreción se llevará a cabo en medio de una campaña de difusión y "posicionamiento" de la reforma institucional (constitucional y política) que funcionarios, legisladores, intendentes y concejales peronistas terminarán de definir el próximo sábado en San Martín.
Al parecer los recursos ante la Corte no tendrían como autor al propio Gobierno sino a individuos o entidades intermedias afectados en sus derechos por disposiciones de la Constitución de 1916, que hoy han quedado desactualizadas y superadas por la norma constitucional nacional (modificada en 1994) y por la legislación internacional convertida en ley argentina a través de adhesiones. En la mayoría de los casos, los recursos judiciales tendrían un firme acompañamiento del Gobierno.
Por la vinculación al proceso de reforma que el Ejecutivo le ha venido dando al tema de la discapacidad y del trabajo infantil se espera que los primeros dos recursos judiciales provengan de entidades de esos sectores.
En la agenda de gobierno está anotado para el primero de noviembre próximo la puesta en vigencia de la figura del Defensor de las Personas con Discapacidad, creada por una ley que se aprobó en 2011 y con concreción morosa hasta la fecha.
Esta norma establece que el nombramiento de este virtual "defensor del pueblo" de los discapacitados debe ser aprobado por las dos terceras partes de las dos cámaras. Y fija que el candidato tiene que reunir los requisitos exigidos para los legisladores, lo que incluye la cuestionada "integridad física" que aún reclama desde la letra la Constitución mendocina. Todo apunta a que la primera presentación judicial ante la Corte será contra el requisito de la "integridad física" de la Constitución para legisladores.
Para más adelante se esperan planteos de inconstitucionalidad contra el artículo 45 que exige la reglamentación de un acto hoy ilegal, como es el "del trabajo de los niños en las fábricas".
Seguir discutiendo
Al margen de la estrategia judicial -que el oficialismo prepara en silencio- las declaraciones públicas apuntan a una continuidad del diálogo con la oposición y a la "militancia territorial" de la reforma.
"Nosotros estamos abriendo el debate, primero con la sociedad informando a través de las unidades académicas, las ONG acerca de por qué queremos reformar y cuál es el beneficio de la reforma política e institucional", dijo el gobernador Francisco Pérez ayer en San Rafael. "Más del 80% de lo que está articulado tiene que ver con la inclusión de derechos y a las normas vigentes a nivel nacional que no están contenidas en nuestra Carta Magna", agregó. Y sobre la reforma política dobló la apuesta: "Vamos a discutir todo, desde la revocatoria de mandato al desdoblamiento de las elecciones. Nosotros mostramos una actitud con un hecho muy importante que es la autarquía del Poder Judicial".
Pérez también aludió al rechazo opositor explicitado el martes: "Vamos a dialogar con lo más importante que tiene Mendoza, que es su gente, ya que esto va más allá de la posición de 13 legisladores, está la iniciativa para modificar la carta magna, que es necesaria para la Mendoza de los próximos 50 años".
"No vamos a bajar la bandera de la reforma constitucional", sintetiza el vice Carlos Ciurca. "Vamos a seguir discutiendo todo. Para nosotros la discusión es íntegra, con todos los temas. Si hay un no será un no a todo" (reforma constitucional y política), enfatiza el ministro Félix González.
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