RIO TURBIO (Corresponsal).- Hasta el viernes último, los integrantes de la planta política del Municipio de Río Turbio no habían cobrado sus aguinaldos y, por la tarde, llegó un decreto firmado por el intendente Adolfo que establece la suspensión del pago de la 1ª cuota del Sueldo Anual Complementario para todos los cargos comprendidos en la Ordenanza 2445/10.

Dicha ordenanza es la cuestionada norma que fijó uno de los últimos acuerdos que tuvieron las autoridades del municipio local. Sancionada el 20 de mayo y promulgada rápidamente al día siguiente, la norma fijaba una nueva escala salarial para las autoridades superiores de los departamentos Ejecutivo y Legislativo, de entre el 30 y el 94 por ciento de aumento, según los cargos. Fue el detonante de un conflicto político, institucional y gremial que, aún hoy, no encuentra solución en el ámbito del municipio.

Y en ese contexto, se da la presente decisión del Ejecutivo, a modo de ejercer presión al Concejo Deliberante para que reanude la sesión que se interrumpió, por acuerdo de los concejales con el gremio, el día 17 de junio.

El objeto de este cuarto intermedio fue esperar que el intendente envíe el veto a la ordenanza sancionada el día 7 de junio pasado, en la cual los ediles aprobaron un aumento del 30 por ciento a los trabajadores, que ese día iniciaron su plan de lucha en busca de un aumento equivalente al que se dieron las autoridades.

Adolfo anticipó que vetaría esa ordenanza, pero que se tomaría el plazo legal de 15 días hábiles para pronunciarse.

En esa sesión interrumpida, debía tratarse un proyecto de derogación de la Ordenanza 2445/10, presentado por dos concejales del PJ, que podría tener el voto de un tercer concejal. Pero 4 de los 5 ediles se niegan a reanudar la sesión hasta que no se pronuncie el intendente sobre el aumento de los trabajadores.

A estas cuestiones alude el decreto de Adolfo, que suspende el pago del aguinaldo a él mismo, a los concejales, secretarios y subsecretarios del Ejecutivo y Legislativo, asesores y secretarios de bloques, directores y capataces generales, entre otros, a la espera del tratamiento de su derogación o suspensión, como reza en los proyectos que figuran en el orden del día.

Improcedente

El concejal Carlos Godoy, presidente del Concejo Deliberante, se expresó por distintos medios locales diciendo que “este nuevo decreto firmado por él (intendente) es nuevamente improcedente”, al enumerar otros errores administrativos, como el desconocimiento del gremio o el decreto ad referéndum, que suspende una ordenanza, dados en el marco del presente conflicto.

El edil consideró que “por ahí puede llegar a ser una cuestión política, pero esto no es una suspensión para los cinco concejales, sino para unas 50 o 60 personas, que se ven privadas de este cobro -y dejó en claro que a esta decisión- legalmente y administrativamente le caben acciones legales no sólo al intendente, sino a la institución municipal”.

Godoy remarcó la extemporaneidad del decreto del intendente al afectar derechos adquiridos por los afectados, dado que la derogación de la ordenanza, si ocurre, será con fecha posterior a los pagos que el municipio debe efectuar en tiempo y forma durante este mes.

El edil anticipó que el lunes se comunicarán con el intendente para hacerle ver las falencias administrativas que registra esta última medida y posiblemente reanudarían la sesión del 17 de junio, que se encuentra en cuarto intermedio, el día jueves, “si es que ingresa el veto del intendente”. De otra manera, continuarían sin sesionar.