Neuquén > El reordenamiento de Pulmarí busca corregir y remediar las situaciones irregulares que se denunciaron el año pasado por venta ilegal de esas tierras y proyectar una aldea de montaña planificada en el lote 100, donde está Moquehue.

Ayer se presentó el informe de avance del ordenamiento de ese sector, de 500 hectáreas, que contará con una segunda fase que se entregará en octubre para tener un informe final y una propuesta formal en noviembre. Eso se plasmará en un proyecto de ley.

Así lo explicó el ministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya, quien escuchó el estudio que hizo el Colegio de Arquitectos junto al Consejo Federal de Inversiones sobre el lote 100 de la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP).

Cuando se apruebe esa ley de ordenamiento territorial, el ministerio modificará el reglamento jurídico de concesión, compatible con el de la CIP, que abarque nuevos criterios para la explotación productiva del área y para la instalación de nuevos habitantes en la zona. La forma en la que se realizará será a través de un llamado a licitación y concurso de proyectos para los nuevos loteos que se realizarán.

Pablo Beitía, del Colegio de Arquitectos, señaló que Moquehue hoy "no está preparada para recibir todo el afluente de gente en la temporada" y que hay un "auge de presión inmobiliaria" sobre la zona. Esas fueron las razones principales para realizar un relevamiento del territorio, de los caminos, de la cuenca hídrica, del suelo para poder determinar cuáles son las potencialidades del sector y cómo se puede desarrollar de forma óptima. La idea madre es urbanizar pensando en el paisaje, hacer unidades territoriales paisajistas.

"Hay un triple conflicto a superar: una ocupación territorial descontrolada, un problema ambiental muy serio y un desajuste jurídico por la ocupación no autorizada de terrenos de la CIP", agregó Beitía.

Hay 200 pobladores residentes. El arquitecto señaló que se puede triplicar la cantidad de habitantes en la zona si se hace una buena inversión ambiental. Para esto, se separaron tres zonas del lote 100: el sector del perilago, el de la ladera de la montaña y el del valle. Todos son urbanizables si se respeta la topografía de cada uno. La zona del valle, sobre la Ruta Provincial Nº 11 es la que más construcción puede resistir.

El reordenamiento sólo significa un mayor control sobre el territorio que le pertenece a la CIP pero que está concesionado a la Provincia y lo administra el Ministerio de Desarrollo Territorial. "Nadie va a ser propietario de esas tierras, son sólo tenencias precarias", repitió Bertoya.

Enrique Schaljo, miembro del directorio de la CIP por Corfone, aclaró que, aquellos que ya están instalados en la zona por haber adquirido las tierras de manera ilegal "no están salvados".

"Hay una brecha para reubicarlos pero en virtud del reglamento de concesión que tiene la CIP incorporado. A los efectos de un ordenamiento, todos tienen que cumplir en igualdad de condiciones esa ley de concesiones para cerrar las especulaciones por la posesión de las tierras", agregó Schaljo.

Bertoya manifestó que se buscará "distinguir entre la actitud pionera y el especulador que alambró".