Sin abandonar -al menos por ahora- el sistema tradicional de construcción de viviendas, la provincia instrumenta otros mecanismos que prevén mayor participación de los beneficiarios. Históricamente, las localidades planteaban sus demandas a la provincia y ésta, con asistencia financiera del Fonavi, construía los planes y habilitaba las casas. Ahora, el Estado -en sus diferentes niveles- se hace cargo de identificar el suelo disponible, y lo ofrece en cuotas accesibles al potencial adjudicatario; la provincia se responsabiliza de las obras de infraestructura y ayuda al propietario brindándole financiamiento para que compre los materiales. Ya no es la provincia quien construye, sino el adjudicatario. En diálogo con El Litoral, el secretario de Hábitat, Gustavo Leone, explicó las fortalezas y debilidades del sistema.

—¿Los terrenos siempre son cedidos desde el ámbito público?

—Estamos abiertos. Primero creemos que el impulso que está generando el Estado en este momento va a llamar a privados a que ofrezcan lo mismo. Si hay una familia que tiene algunas hectáreas pero no la plata para la infraestructura, lo podemos trabajar a través de los esquemas de gestión asociada de urbanización. Podemos asociarnos de alguna forma, compensando lotes con obras de infraestructura para lograr que el privado habilite parte de ese suelo en forma parcial. Lo más tradicional es que el privado apunte a un sector del mercado que está dispuesto a pagar una cuota mucho más alta, pero creemos que es posible generar un esquema de asociación con el Estado mediante el cual podamos lograr un valor referencial del suelo que llegue a sectores de ingreso medio.