Los controles no fueron efectivos y por eso se llegó a la desinversión histórica que hoy pone en riesgo crítico el servicio de agua potable y cloacas. Así, lo que se especulaba desde un principio se pone sobre blanco en voz de un director del organismo del mismo color político que los mentores de la privatización. Por eso, a poco más de 48 horas de que Celso Jaque anunciara en la Legislatura que se camina hacia la reestatización del servicio de agua potable, Javier Montoro, aseguró que hay que pensar en una reforma integral y profunda del Ente Provincial de Aguas y  Saneamiento (EPAS) -que él preside- y aceptó que durante años no ejerció el poder que le daba la ley 6.044, por la que se creó cuando Arturo Lafalla decidió concesionar el servicio (1998).

Es que el nuevo modelo de composición accionaria que comienza a pergeñarse y que tiende a una reestatización del servicio obligará a crear un organismo técnico que elabore los planes de expansión y operación (POE) pero que también controle su ejecución. Estos mismos que estaban en las actas de entendimiento y en el contrato de concesión, pero que en el mejor de los casos los concesionarios lo cumplieron en 12 por ciento. Esta ambición será algo compleja, teniendo en cuenta que es el Estado mismo el que deberá controlar al Estado, porque la empresa camina a ser de mayoría estatal.  Montoro aseguró que es el modelo que utilizan hoy las reestatizadas en Capital Federal, y además se defiende de esta traba apuntando al trabajo que ejecutan actualmente el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía de Estado. Así, si será una sociedad del Estado o anónima, si tendrá capitales privados o no y si se deja entrar a los municipios al negocio del agua, todos serán temas a resolver durante los próximos meses. Lo que sí ha ordenado Jaque es que no se desmembre la unidad económica, esto es, Obras Sanitarias debe seguir operando en toda la provincia y no se debe permitir que cada comuna preste un servicio diferente.

Durante la reunión de gabinete de ayer, Jaque le pidió al titular del EPAS que convoque a los integrantes del Comité Científico Asesor, que se conformó tras la intervención, en agosto del año pasado, y que el primer encuentro se concrete esta semana. El mismo está conformado por gente de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, las universidades, los centros de investigación, el sindicato de trabajadores y el Departamento General de Irrigación.reunión con empleados. Los empleados de la firma se reunieron ayer con autoridades del Ministerio de Infraestructura, aunque la charla se ciñó al tema salarial. El sindicato pidió 30 por ciento de aumento, pero como conocen la situación delicada de la firma, están dispuestos a negociar. Mañana se reunirán nuevamente y la intención es que el Ejecutivo lleve una propuesta de incremento salarial.desestimada. La segunda Carta de Entendimiento, aprobada durante la administración de Julio Cobos, había sido elevada a la Suprema Corte de Justicia argumentando la inconstitucionalidad de la norma, porque fue aprobada de manera ficta según un grupo de legisladores encabezado por el radical Jorge Serrano. Sin embargo, hace días, la Corte desestimó la causa argumentando que la empresa ya está intervenida y que por eso no tiene sentido que intervenga la Justicia.

El fallo no fue bien recibido en la esfera oficial, en especial cuando se intenta reunir pruebas para ir al tribunal internacional -el CIADI- para aportar pruebas en defensa de la provincia en una millonaria demanda que los franceses de Saur -accionistas mayoritarios- mantienen desde hace más de dos años.