El nuevo jefe de gobierno italiano anunció medidas con las que pretende ahorrar 30 mil millones de euros. Incluye el aumento de impuestos y la creación de otros nuevos y un recorte en el número de empleados públicos.
Un sacrificio para salvar a Italia. De esa manera presentó el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Mario Monti, el plan de ajuste sancionado por decreto que pretende hacer ahorrar al gobierno 30 mil millones de euros para que el país deje de ser mirado por Europa como “un sospechoso foco de contagio” de la crisis. Las medidas incluyen la creación y el aumento de impuestos, la elevación de la edad jubilatoria y un recorte en la planta de funcionarios públicos. Para Monti la crisis económica es tan grave que “están en riesgo 60 años de sacrificios”, o lo que es equivalente, la situación de “cuatro generaciones de italianos”.
“Hay que apretar el cinturón por una parte y, por la otra, poner en marcha cuanto antes el crecimiento del país”, aseguró Monti durante una rueda de prensa posterior a la firma del decreto “salva-Italia”, como lo denominó el sucesor de Silvio Berlusconi. El plan prevé entre 12 y 13 mil millones de euros en reducción de gastos y otros 18 mil millones de euros en aumento de los ingresos de las arcas públicas.
Durante el fin de semana, el jefe de gobierno italiano preparó el anuncio, reuniéndose previamente con partidos políticos, sindicatos, grupos empresariales y de defensores de los consumidores. Si bien estaba previsto presentar las medidas hoy, Monti decidió adelantar el Consejo de Ministros para ayer y, a su término, informó a la prensa el contenido del decreto. Allí, preocupado por no ganarse la animadversión popular, Monti además aseguró que iba a renunciar a sus sueldos como presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía, los dos cargos que asumió en el nuevo gobierno. “El ente que más merece la donación de sueldo es el Tesoro italiano y por eso he decidido no cobrarlo más”, aseguró. Por último, Monti anticipó que apoyará la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras en la Unión Europea. Una medida contraria a la posición del anterior gobierno italiano.<

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