En la década de 1990, la Municipalidad de Buenos Aires y sus vecinos lucharon para conseguir lo que la reforma constitucional del ’94 cristalizó en su nombre: su autonomía. La batalla de la, desde entonces, Ciudad Autónoma de Buenos Aires no fue sólo por el reconocimiento de su capacidad de administrarse positivamente, sino por admitir operativamente que existen diferencias estructurales con las comunas del Gran Buenos Aires.

Que en el conurbano bonaerense se agrupa la mayor cantidad de personas lo sabe todo el país. Que esa concentración estuvo históricamente vinculada al desarrollo infraestructural privilegiado, a través de inversiones privadas y públicas inigualables, se estudia en la escuela primaria. Que esas masas de dinero no llegan por azar sino por la rentabilidad que ofrece la región respecto del resto de la provincia, es una verdad de perogrullo. Que la solución deberá llegar de la mano de una vocación política descentralizadora es vox populi. En ese contexto, la Gobernación provincial envió a la Legislatura en marzo último un proyecto que reconfigura el mapa jurisdiccional del conurbano y el resto de las comunas bonaerenses para promover su sociodesarrollo integral.

La propuesta es descentralizar en instancias intermedias las funciones públicas que hoy ejerce el gabinete del titular del Ejecutivo, Daniel Scioli, a través de la creación de hasta una docena de ‘regiones’. Estas aunarán núcleos poblacionales de hasta 3 millones de personas, en el marco de las jurisdicciones geopolíticas existentes. Es decir, que buscará encadenar las realidades de comunidades linderas, a la hora de aplicar o generar políticas sociales.

Cada una de ellas estará a cargo de un funcionario público que cubrirá un cargo “de decisión, no será un burócrata” adelantó el responsable de informar a los intendentes sobre la iniciativa sciolista, el ex director de ARBA Santiago Montoya. El enviado, que también presidente del Grupo Bapro, brindó una charla para miembros del gabinete del reelecto alcalde de Ezeiza, Alejandro Granados, y concejales, en la que explicó también que con la medida transferirá recursos específicos para cada área, facilitando su disponibilidad inmediata.

Las soluciones para enfrentar las falencias habitacionales, la saturación de los medios de transporte, la contaminación ambiental y la inseguridad en el Conurbano (ver recuadro en esta página) pasan, según el funcionario, por la creación de la Región Metropolitana, un área que incluye 26 municipios del sur, norte y oeste de los dos cordones provinciales. “La idea es tener al Estado cerca pero La Plata no dejará de existir”, advirtió Montoya al auditorio, en referencia a que, de aprobarse el proyecto de ley, los límites de los actuales 135 municipios bonaerenses -con el recientemente creado Lezama- no cambiarán pero sí alterará la relación entre La Plata y las municipalidades.

Esa reconfiguración madre estará, a la vez, subdividida en cuatro regiones (ver infografía) que tenderán a revertir la “centralidad tradicional” motivada por el asentamiento de masas de migrantes laborales, a partir de la primera mitad del siglo pasado.

Objeciones al plan

Para descentralizar “se deben transferir recursos y competencias a los municipios, fortalecer su autonomía ¿Cuáles y en qué secuencia? Hay que discutirlo”, aclaró el ex ‘sabueso’. “Para ello, hay que proveer las plataformas tecnológicas adecuadas”, lo que se incluye en el cuerpo de la norma como la digitalización de las bases de datos de cada dependencia oficial y la aplicación de la tecnología en la realización de las políticas sociales. “Ezeiza fue pionera de ello en materia de seguridad”, destacó el disertante, mirando al intendente Granados. Pero no fue la única aclaración que brindó. Es que hay voces opositoras que remarcan que emprender una reestructuración así implicará más burocracia estatal. “Mencionaron que se van a crear 35 cargos nuevos para amigos de Scioli. No es así, porque fomentamos la reubicación de funciones de personal valioso que ya trabaja en el Gobierno provincial”, respondió Montoya.

“No hablamos de desparramar sino de descentralizar eficientemente”. Sucede que varios de los ministerios, secretarías y subsecretarías de Gobernación ya regionalizaron su tarea: así como hay regiones electorales, sanitarias, educativas y hasta culturales, otras instituciones autárquicas como el Poder Judicial implementaron una regionalización que en pocos casos coincide con la ministerial. En materia de seguridad, por seguir el ejemplo, la Justicia acoge a diferentes municipios en sus ‘departamentos’, los cuales no en todos los casos coinciden con los estratos policiales.

¿Los intendentes perderán jerarquía? Según Montoya, no. La pregunta es por el ‘poder’ de los barones, que podrían ver mermada su incidencia territorial si los ‘hombres fuertes’ del Gobernador de turno pasan a ser los referentes regionales. En esa línea, el presidente del Grupo Bapro afirmó que se fomentará el asociativismo entre los jefes comunales en proyectos regionales, así como la interacción de estos con los líderes privados. “Los mejores ejemplos de centros productivos exitosos se dieron donde hay entendimientos entre el sector privado y los intendentes”.

Dos realidades productivas

“No se trata de una reforma del estado sino de un plan de desarrollo”, afirmó Montoya. La reorientación de la matriz productiva deberá buscar favorecer al empleo y la producción como ordenadores territoriales pero desalentando la saturación de servicios y el acceso a las oportunidades sólo en las grandes urbes consolidadas.

En tal sentido, el proyecto reformista vislumbra “dos realidades productivas”. En los municipios del sur, miembros de lo que pasaría a conocerse como Región Metropolitana (junto a la CABA), la industrialización se ha dado en formas e intensidades desparejas, y revertir esa situación (“industrializar la ruralidad, como dice la Presidenta”, recordó el ex recaudador) requerirá de funcionamientos interjurisdiccionales.

En el Interior, “los intendentes tienen desafíos diferentes” a los de la región urbana. Para ellos, la ley prevé generar cuatro regiones, con sus municipios miembros interconectados a través de “nodos” dirigenciales que aunarán las demandas de los ejecutivos comunales hacia el gobierno central, en La Plata.

Por eso, uno de sus puntos es fomentar el arraigo en el interior: en los últimos 40 años, la mayor variación intercensal se registró en los municipios del primer y segundo cordón del conurbano, mientras que en Interior se mantuvo estable entre el 10 y 15 por ciento. Es decir, que el interior bonaerense no sólo deberá enfrentar el desafío poblacional, sino también el de transformarse en un ámbito propicio para la radicación de ciudades desarrolladas en forma equitativa respecto de sus vecinos. El plan prevé que esto recién podrá tener lugar, en los próximos 30 años.