A partir de una iniciativa motorizada por el gobernador Gioja, el Ministerio de Gobierno lleva adelante una activa política de reformas en el Servicio Penitenciario Provincial en temas como sanidad y seguridad, que afectan tanto a los agentes penitenciarios como a los reclusos.
El plan
“Los servicios de seguridad de la Provincia, tanto la Policía como el Servicio Penitenciario, han sido declarados en emergencia por ley, la que ha sido prorrogada hasta el ejercicio de la actual gestión”, explica el titular de la cartera de Gobierno sanjuanina. “Este es el marco que se ha elegido para tomar algunas medidas particulares que afectan parte de la legislación por la cual se rigen estas instituciones y es el que nos permite poder hacerlo”.
Dentro de este marco, indicó Fernández, “podemos modificar y generar estructuras. Específicamente, en el Servicio Penitenciario se designó un interventor, el comisario general Enrique Gil Pérez. Lo primero que se hizo fue crear tres comisiones: una que evaluó aspectos sanitarios, otra los administrativos y una tercera los relacionados con la seguridad. Cada una de ellas emitió un informe que fue evaluado por el interventor. Esos informes permitieron al Gobierno diseñar un plan estratégico”.
De acuerdo con el ministro, “en el plano sanitario pedimos y obtuvimos del gobernador José Luis Gioja que habilitara la designación de cinco nuevos profesionales: tres psicólogos, un médico clínico y un psiquiatra para reforzar la actual dotación de personal. Ahora estamos tramitándolas con el ministerio de Hacienda para que se concreten”.
“En el tema de seguridad del Servicio Penitenciario, se hizo un relevamiento de la infraestructura. En el 2008 se habilitó una nueva unidad carcelaria, la Nº 4, que alberga en términos generales a casi la mitad de la población internada en el servicio”, indicó Fernández. “La otra mitad todavía se encuentra en las viejas instalaciones que datan de los años 60”.
“Allí hemos hecho un relevamiento técnico con funcionarios del ministerio de Infraestructura y se ha determinado que necesitan o bien una refacción muy profunda o pensar en un refuerzo edilicio similar al de la Unidad Nº 4 realizado en 2008”, indicó el ministro.
“Por el momento -señaló Fernández- nos estamos inclinando por hacer una unidad carcelaria nueva que reemplaza la actual infraestructura que será demolida”.
Esta nueva unidad carcelaria, aseguró el ministro, “será construída en el mismo predio, pero en diferente ubicación, por supuesto, para poder construir las nuevas instalaciones por etapas antes de demoler el edificio actual”.
La nueva unidad carcelaria a construir tendrá una capacidad para 300 internos, practicamente la mitad de la población total alojada en el Servicio Penitenciario Provincial en la actualidad.
Fernández señaló también que próximamente “será habilitada una obra que se encuentra inconclusa realizada por los mismos internos al comienzo de nuestra gestión. Se trata de un galpón de mil metros cuadrados de superficie cubierta, ubicado sobre el frente de la calle Benavides. Con recursos propios del Servicio, ese galpón ha sido techado. Pero necesitamos un refuerzo de fondos porque la idea es reciclarlo para instalar allí a los internos que están próximos a obtener la libertad o que gozan de salidas transitorias”.
“Queremos que sea un pabellón de prueba, de modo tal que los internos que salen y entran del penal no tengan contacto con el resto de la población carcelaria y así no funcionen como nexo en actividades delictivas para los que tienen condenas prolongadas”.
Finalmente, el funcionario indicó que, además de la designación de 25 nuevos guardiacárceles en los próximos días, se invertirá en tecnología para el control de quienes ingresan al Penal para visitar familiares internados. “Será una tecnología similar a la que se utiliza actualmente en los aeropuertos y que permitirá un control no intrusivo de los visitantes”.
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