al tiempo que organizaciones que fueron alcanzadas por la suspensión de códigos de descuento, tienen inconvenientes para lograr el pago voluntario necesario de parte de sus asociados. Es el caso de la cooperativa El Amanecer, donde es muy bajo el nivel de pago voluntario.

Así lo reveló Víctor Villafañe, presidente de la entidad, quien ante la consulta de si los afiliados se acercan a pagar voluntariamente a la cooperativa, remarcó: “No todos. Ojalá fueran más. Están viniendo, y ojalá entiendan y tomen conciencia de esto. Es una cooperativa, no es un negocio, porque el beneficio que tenemos todos pagamos lo mismo, absolutamente igual”, explicó.

“No hicimos convenio con ninguna financiera” aclaró para añadir: “El sistema cooperativo se instaló para evitar la intermediación, el parasitismo, que es lo que encarece el producto” expresó Villafañe.

“Nosotros por ejemplo, sacamos algo y empezamos a pagar a los 60 días y a veces a más. En la parte alimenticia, que todos los días está aumentando, imagínese que hoy llevo un producto, un alimento en julio y recién pago en setiembre, y nosotros trabajamos así hace 23 años, y ojalá tomaran conciencia de esto. Vivimos dentro de un sistema capitalista que domina todo”, agregó.

Vigencia y adheridos

Hasta el viernes 29 de julio tendrá vigencia el Programa de Consolidación y Flexibilización de Deudas de los agentes estatales que contrajeron compromisos con mutuales y cooperativas, asociaciones gremiales, al cual a la fecha ya han adherido alrededor de medio millar de agentes de la administración pública, se informó oficialmente.

Así lo certificó el subsecretario de Economía, Hacienda y Finanzas, Miguel Antinori, señalando que en dependencias del ex CORP (Mitre 695) se sigue trabajando activamente en este programa, y donde pueden acudir todos aquellos afiliados o asociados, de organizaciones como UPCN, ADF y CECIM que hayan contraído deudas mediante código de descuentos. Incluso se clarificó que el beneficio alcanza a pasivos y la gente afiliada a estas entidades y otras que se sumarán pronto como es el caso de Matef y el Centro de Retirados de Suboficiales de la Policía provincial, y por supuesto a quienes residan en el interior.

No sólo pueden acudir al CORP los afiliados quienes tienen apellidos que se ajustan a la convocatoria pública que a diario se promociona por los diferentes medios de prensa a realizar los trámites pertinentes, sino también a informarse y evacuar dudas, para lo cual se acaba de habilitar en el mismo lugar un centro de consultas.

Beneficios

Entre los beneficios claros que surgen para quienes se adhieran al programa, que en esta etapa superan las cuatro mil personas en condiciones de hacerlo, se expuso que las deudas presentadas por la mutual, asociación gremial o cooperativa, son revisadas, re-calculadas y reestructuradas a una tasa de interés del 7,5% anual.

Asimismo, cada una de estas entidades a la cual el agente está asociado o afiliado, es quién certifica la cancelación de las deudas tramitadas bajo códigos de descuentos al 30 de abril de 2011.

“Esta operatoria permite que cada agente que adhiere a la operatoria recupere la documentación que se le exigió al momento de contraer el compromiso, como por ejemplo los pagarés y/o garantías suscriptas”, se reveló.

Asimismo, otro dato no menor y que marca con claridad lo ventajoso del programa, es que las obligaciones contraídas oportunamente, ahora y conforme al nuevo cálculo, le permite a cada agente estatal, poder ingresar a una operatoria bancaria de hasta 36 meses. “Por ejemplo, por cada $1000 de deuda, deberá paga $35 de cuota mensual por ese lapso de 36 meses”, se cuantificó.

Incluso si la persona registra antecedentes en el VERAZ por obligaciones en mora –bancarias y otras-, ello no lo inhabilita para ingresar al Programa de Consolidación y Flexibilización de Deudas.

No menor es el hecho de que dentro de las 24 horas de producida la concertación de la operatoria, ya se le acredita los recursos que correspondiera a la mutual, asociación gremial o cooperativa.

Quedó ratificado al mismo tiempo que las cuotas de la nueva obligación no pueden exceder el 20% del salario de bolsillo, previo descuentos de ley y judiciales.