El proceso de revisión de las deudas que mantenían los empleados de la administración pública a través del esquema de códigos de descuento, tras el cedazo del Programa de Consolidación y Flexibilización de Deudas lanzado por el Gobierno dejó nefastas consecuencias sociales tanto para los principales actores como para las entidades intermedias.

?Sólo un 20 por ciento de los empleados vinculados con estas organizaciones se acercaron a intentar establecer un arreglo; para el resto hoy sólo queda más deuda y, lo peor, una vida acicateada por cartas documentos, denuncias y todo tipo de aprietes de las mutuales y afines que pretenden rescatar sus pertenencias?, aseguró un sindicalista que participó activamente de las deliberaciones y todo el proceso orquestado unilateralmente por el Gobierno provincial.

Diversas entidades intermedias, entre ellas mutuales, asociaciones y cooperativas de toda la provincia, además de gremios locales y seccionales de Federaciones sindicales, continúan expresando su preocupación, por la no habilitación del Código de Descuento Automatico, con que venían operando con diversos proveedores y comercios a fin de dar servicios a sus afiliados y asociados.

?No hay ningún signo de que realmente nos vengan con una noticia positiva sobre el tema?, comentó un alto dirigente cooperativo de una entidad solidaria con sede en esta capital, mientras afirmó que ?es un hecho que en los próximos días vamos a cerrar nuestras instalaciones, porque no podemos seguir subsistiendo, y mucho menos pagando sueldos a nuestros empleados?.

Entre tanto, una organización gremial docente, según comentarios de sus propios afiliados, apuesta a subsistir hasta abril, ?gracias a la actividad del camping, durante esta temporada de verano, porque de otro modo, el gremio está en bancarrota con el bloqueo de los códigos?.

APREMIANTE

Pero, más allá de la difícil situación financiera que atraviesan estas entidades, que agrupan, en su conjunto, a más de 25.000 afiliados en toda la jurisdicción provincial, la circunstancia más apremiante es la social, ya que como lo hiciera saber a esta redacción un encumbrado gremialista de UTEDYC: ?Se pensaba que para febrero o marzo habrá más de 300 empleados suspendidos por parte de gremios y asociaciones, y para abril comenzarán los despidos masivos, lo que estaríamos calculando en un perjuicio para 600 trabajadores del sector?.

La abrupta decisión de quitar códigos de descuentos, inhabilitando su uso, por parte del Gobierno provincial, trajo aparejado un sinfín de problemas, debido a que también los proveedores y comercios adheridos no pueden esperar más y lanzaron a sus abogados a preparar acciones judiciales por deudas impagas por parte de estas entidades afectadas.

De modo, que, frente a las futuras cesantías de empleados, juicios masivos contra entidades del ramo, falta de operatividad de las mismas, presión impositiva de por medio, y desfinanciamiento para los gastos ordinarios de atención y mantenimiento, el panorama a corto plazo es sombrío y de sumo riesgo, por la incidencia social que tendrá en la comunidad formoseña de esta capital y de los principales pueblos del interior, con el cese de actividad de muchas de estas asociaciones.

Muchos trabajadores quedarían sin trabajo, en un mercado laboral que cada vez es más restrictivo, y con pocas oportunidades para los que quieren reingresar al mismo.

Las organizaciones intermedias sin fines de lucro, la mayoría de ellas asociaciones civiles y mutuales, amén de gremios formoseños y seccional sindicales de federaciones nacionales, suman el numero de cincuenta aproxima mente.

A su vez, las firmas de proveedores y comercios adheridos por convenio a esas entidades suman 174, en toda la provincia de Formosa. Estos comercios y firmas en general, a quienes también afectó severamente el corte inesperado del código de descuentos, y por lo tanto no han cobrado sus acreencias y facturas, también están pasando por un sofocón económico, debido a la envergadura de las operaciones mantenidas con las asociaciones y gremios.