El Gobierno intentará seducir a los gremios afines con una eventual inyección adicional de fondos para sus obras sociales a cambio de mayor moderación en los reclamos salariales. La propuesta, a diferencia de otros años en que fue determinante para el cierre de paritarias en los carriles indicados por la Casa Rosada, parecía en este caso más difícil de llevar a la práctica, con dirigentes más resueltos a desafiar al ministro de Economía, Axel Kicillof. 

La ronda de negociaciones llegó así a su punto más tenso: mientras varios gremios tienen medidas de fuerza en marcha, los del transporte lanzarán hoy un menú de alternativas para impulsar protestas, entre las que se destaca el llamado a las centrales obreras para acordar un paro nacional, como adelantó este diario la semana pasada. 

En tanto, el sindicato de Comercio, el de mayor número de afiliados, se movilizará a su propia sede el jueves. La negociación mercantil permanecía ayer estancada y, así como la de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el principal obstáculo era una alegada negativa de Kicillof de aceptar los parámetros sugeridos por la parte sindical por el temor a un supuesto efecto inflacionario. 

Armando Cavalieri, líder de Comercio, seguía imposibilitado de cerrar su negociación: de pedir un 30% (tenía preacordado con las cámaras empresarias dos subas del 15% y dos pagos extra de 1.200 pesos) había aceptado bajar a 26% en un pago, pero en ese caso Kicillof también lo vetó. En sintonía con el ministro, las entidades patronales alegaron imposibilidad de aceptar una suba así. Ayer fue el turno de Osvaldo Cornide, de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), para quien el 26% de inmediato implicaría "un golpe muy fuerte para las pymes". 

Tampoco le fue mejor hasta ahora a Antonio Caló, jefe de la UOM y de la CGT oficialista, que sigue lejos de su reclamo de suba del 32% para elevar el salario mínimo de $ 6.400 a 8.500 pesos. Hasta ayer las entidades empresarias no habían modificado su postura de ofrecer no más del 23% y nada indicaba que lo harán en la audiencia de mañana en el Ministerio de Trabajo, menos cuando flota la idea de que Economía lo prohíbe. 

En ese contexto de nulo avance en las negociaciones y conflictividad en marcha, la superintendente de Salud, Liliana Korenfeld, fue llamada de urgencia el viernes a la Casa Rosada. Fuentes oficiales dijeron que la funcionaria, de extrema confianza de Cristina de Kirchner, se retiró con la orden de buscar elementos para convencer a los gremios de la conveniencia de bajar sus pretensiones. 

Anoche en los gremios (los referentes de la CGT oficialista se habían reunido en la sede de los estatales de UPCN) especulaban con posibles ofrecimientos de coyuntura, como la inclusión de los tratamientos de diabetes y fertilización asistida en los reintegros con fondos estatales para las obras sociales, o bien de largo aliento, como engrosar el porcentaje de dinero desembolsado en concepto de subsidios. Las primeras respuestas, sin embargo, eran negativas: aunque muchos sindicatos, como la UOM, se encuentran urgidos de fondos frescos, varios dirigentes dijeron que una negociación a la baja se haría insostenible con las bases de cada organización. Algunos, incluso, dijeron sospechar que el eventual ofrecimiento se trataba de una trampa del Gobierno para hacerlos quedar como traidores.