El gobierno, entre cuyas filas hay quienes rechazaron la dictadura y quienes la defendieron, señaló que no es partidario del homenaje, pero que lo “respeta” pues no contraviene la ley. “Teniendo muy claro que nosotros no favorecemos ni colaboramos ni menos participamos y no somos partidarios de este tipo de homenajes, obviamente que en democracia y con nuestra legislación pueden darse”, dijo el vocero, Andrés Chadwick.

Varios grupos de Derechos Humanos comenzaron ya una campaña para realizar una protesta frente al Teatro Caupolicán, donde serán rendidos los honores al hombre que rigió a Chile entre 1973 y 1990.

“Concurriré para expresar la molestia sobre un acto que no tiene cabida en un país que pretende construir una democracia”, dijo el diputado comunista Hugo Gutiérrez. El jurista, junto a agrupaciones de Derechos Humanos, presentó una demanda ante la justicia para detener el evento aduciendo que implica una tortura para las víctimas y sus familias.

El homenaje, que evoca un acto similar en honor a uno de los mayores represores del régimen meses atrás, constituye un intento de los seguidores de Pinochet por cobrar fuerza y rescatar la figura de su líder. “Más que un presidente (Pinochet) fue un estadista, fue un hombre que la historia lo colocó y él asumió esa responsabilidad”, sostuvo sin ruborizarse el general en retiro Luis Cortés Villa.

El hecho surge en medio de la crisis de representación política que vive el país, asolado desde 2011 por miles de protestas sociales y el bajo apoyo a las élites políticas en encuestas.<