"Galvarino Apablaza debió haber sido juzgado en Chile, porque el crimen lo cometió en Chile. Creo que, al fin y al cabo, la decisión que ha tomado la Conare en Argentina significa un retroceso para la causa de la justicia y de los derechos humanos en mi país", planteó Piñera según consignó el diario La Tercera en su edición online.

En el mismo sentido, y según publicó El Mercurio, el mandatario trasandino planteó que en Chile "hay garantías para el debido proceso", por lo que, insistió, Apablaza debería ser juzgado en su país de origen.

Piñera sumó así su voz a la de referentes del gobierno y de la oposición que ayer, no bien trascendió la decisión de la Casa Rosada, manifestaron indignación ante la imposibilidad de que el ex líder del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez pueda ser juzgado en Chile. El otorgamiento de refugio erizó también a la oposición política local, que reaccionó con duras críticas.

La decisión de otorgarle el estatus de refugiado a Apablaza Guerra fue tomada por la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), que funciona en la órbita del Ministerio del Interior, integrado por representantes de esa cartera, de la Cancillería y de los ministerios de Justicia y de Desarrollo Social, y del Inadi, asesorados por un integrante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Chile había pedido la extradición de Apablaza Guerra para juzgarlo por la planificación del asesinato del senador Jaime Guzmán, ocurrido en 1991, durante la presidencia de Patricio Aylwin y por el secuestro de Christian Edwards del Río, hijo de uno de los dueños del diario El Mercurio de Santiago.

Fundamentos. Los elementos que valoró el Gobierno para otorgarle el estatus de refugiado político a Apablaza fueron, según fuentes oficiales, que se trata de "un militante político, un luchador contra la dictadura". Y mencionaron que "no es un ciudadano común".

Además, el Gobierno consideró que la Corte no mencionó que Apablaza hubiera estado involucrado en los hechos por los que se lo acusa en Chile. La Corte nunca podría haberlo hecho, por otro lado, porque no juzgó ese asunto, sino su extradición.

"El desconoció haber participado de los hechos", agregó la fuente. La ley establece que, en el caso de la concesión de refugio, la Conare investigará las razones invocadas por quien lo solicite y que para considerar probados los hechos bastará que existan indicios suficientes o los dichos del peticionante. Según la Casa Rosada, el mayor peso en la determinación fue la consideración de militante político.