El Bar El Piemonte de San Martin Nº 81 comienza su trámite de habilitacion comercial bajo el rubro de ventas de comidas y bebidas en abril del 2006, bajo la administración de Omar Bernues.

En plena campaña electoral del 2007, el actual Intendente decide anunciar su “Carta de Compromiso con el Vecino” junto a Pablo Giménez justamente en las instalaciones del Bar El Piemonte de San Martin y Belgrano, propiedad de la familia Cardoso.

En esa Carta, además de prometer una gestión transparente y recibir a todos los vecinos que lo requirieran una vez por semana, el Intendente se comprometía a respetar las normas vigentes.

Una vez en el gobierno, para sorpresa de los dueños del bar, el Ejecutivo comenzó una campaña de hostigamiento contra el local que llegó al record de hacerle 135 Actas de Inspeccion en dos años.

Desde el Ejecutivo se aludia aque en las inmediaciones del bar se reunian muchos jóvenes, que había escuelas cerca y que algunos se alcoholizaban o producían disturbios en la vía pública.

Los dueños de El Piemonte arguían que ese no era un problema de ellos, ya que su responsabilidad terminaba en la vereda del bar, y no en el resto de la vía publica donde el control lo debe ejercer el Estado.

De hecho, en esas insólitas 135 actas de inspeccion no se comprobaban faltas a la legislación vigente, sino justamente el caprichoso e inédito hostigamiento municipal contra ese comercio.

Este conflicto insostenible entre un comercio que funcionaba desde dos años antes de la llegada de Caffaro y la nueva gestion tuvo su final el 4 de febrero de 2010, cuando el Ejecutivo después de 2 años de mantener una habilitacion “provisoria” negándose a terminar el trámite, decide clausurar el bar con su “cierre definitivo” mediante Resolucion Nº 75, basado en quejas vecinales respecto de las molestias en la vía publica que ya hemos enunciado.

El amparo judicial

La familia Cardoso comienza así un largo periplo por la vía judicial, para proteger a través de un amparo su derecho a ejercer lícitamente el comercio en la ciudad de Zárate de acuerdo a la normativa vigente.

Desde el Municipio ya habían roto todo diálogo posible con el “vecino”.

El amparo judicial tuvo acogida favorable en primera instancia por el Juez Oscar Araoz a fines del 2010, siendo apelada esta decision judicial por el Municipio.

Luego de varios incidentes acerca de qué juzgado era el competente, la Camara de Apelaciones ordena como competente al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1 a cargo del Dr. Dario Porta, quien en el mes de junio del 2011, luego de una reunion conciliatoria donde las partes expusieron sus argumentos, emite una extensa sentencia donde, entre otros considerandos, establece que la amparista (Cardoso) ejerció el comercio durante cuatro años sin habilitacion pero “con la admisión por parte del Municipio por mera tolerancia de la Administracion, realizo actos de comercio, actos de disposición y de administración con dicha finalidad, contrató un local y personal durante un lapso de tiempo de casi cuatro años sin “tener nada” según manifestaciones de la demandada”

(…) “La Administracion ejerce la potestad estatal dictando un acto administrativo en ejercicio del poder de policía, de una actividad que nunca autorizó pero que toleró durante casi cuatro años” (…) En virtud de lo precedentemente expuesto, considero que la Administracion dictó un acto administrativo de revocación de lo que nunca habilitó –según sus afirmaciones- y cerró definitivamente un local comercial que ejerció su actividad durante casi cuatro años, en ejercicio de un uso irrazonable y absolutamente discrecional del poder de policía,. en razon de que considero que el poder de policía es un deber – función para ejercerlo en beneficio de todos los habitantes y consultando el interés y bienestar general y no el particular (…) En consecuencia, se ha lesionado por un acto de la Administración municipal, mediante el ejercicio discrecional del poder de policía con efectos que persisten actualmente, y que consistió en la vulneración de los derechos constitucionales individuales como lo son el derecho de trabajar y ejercer el comercio; ello, en razon de que el cierre definitivo del comercio mediante la clausura de una habilitación que nunca existió, (…) lesionó el derecho constitucional de trabajar y ejercer el comercio tolerado durante casi cuatro años (…)

De las constancias de lo actuado surge que varias veces el Municipio inspeccionó, requirió modificó los controles, etc,; es decir, ejerció el consentimiento del funcionamiento. (…)

Con estas y otras argumentaciones, el Juez determina hacer lugar al amparo solicitado, ordenando en junio de este año la reapertura del Bar El Piemonte, previo el cumplimiento de los requisitos municipales correspondientes de acuerdo a la categoría de habilitacion del comercio tal como venía funcionando.

Esta orden judicial fue nuevamente desconocida por la gestión de Osvaldo Caffaro, lo que motivó una nueva sentencia del Dr, Darío Porta por la que ordena se efectivice el cumplimiento de la sentencia anterior, que establecía la reapertura del bar en el plazo de 10 días.

La nueva sentencia del 21 de diciembre da un plazo de 48 horas para su concreción, pasado el cual el Ejecutivo Municipal deberá abonar a la amparista una suma acumultoria de $500.- por día de multa, que a partir del quinto día pasa a ser de $1.000.- diarios, sin obstar a que esta multa suba su monto en el futuro en caso de persistir el Ejecutivo Municipal con el desconocimiento de la sentencia firme.

A partir de mañana de este miércoles, se empiezan a sumar mil pesos diarios.

Lucro cesante

A este perjuicio al erario municipal provocado por la contumancia del Ejecutivo ante una sentencia firme, habrá que sumarle en poco tiempo la demanda civil por daños y perjuicios que sin dudas entablarán los particulares damnificados, por el lucro cesante sobreviniente de dos años de completa inactividad laboral.

No tenemos dudas de que otro sería el accionar de los funcionarios si tuvieran que responder con su propio patrimonio por estos hechos.