"Los ex presidentes pusieron en marcha y dirigieron una estructura encaminada a desviar fondos públicos que debían ser destinados a la obra pública". Así, la Unidad de Información Financiera (UIF) describió el presunto accionar de Néstor y Cristina Kirchner durante sus gestiones. Según informaron fuentes judiciales a LA NACION, lo hizo en un escrito remitido a la Cámara Federal para solicitar que se mantenga el embargo sobre los más de U$S 5,6 millones que fueron encontrados en cajas de seguridad y cuentas de Florencia Kirchner.

La UIF se presentó como parte querellante para pedir que los fondos que la ex presidenta le cedió a su hija este año -y que fueron encontrados en cajas de seguridad y cuentas del Banco Galicia- permanezcan congelados. Lo pidió ante la Sala I de la Cámara Federal, que tiene pendiente resolver un recurso de apelación que presentó el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, quien solicitó la devolución del dinero embargado.

Se trata de los US$ 4.664.000 que estaban en la caja de seguridad que fue encontrada y franjada a mediados de julio, además de los US$ 1.032.144,91 y $ 53.280,24 depositados en dos cuentas bancarias en la misma entidad.

Foto: Archivo

El fiscal Gerardo Pollicita, tras aquel hallazgo, había pedido tomar medidas para evitar que Cristina Kirchner intentara insolventarse. También para asegurar la posibilidad de decomisar el dinero, en el marco de la causa Hotesur, que investiga presuntas negociaciones espurias entre la familia Kirchner y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. El juez federal Julián Ercolini coincidió con el fiscal y trabó el embargo el 15 de julio pasado.

Una semana después, Florencia Kirchner apeló la decisión del juez mediante un escrito que presentó el abogado Beraldi. El letrado argumentó que no pesa imputación alguna contra la hija de la ex mandataria y que no hay peligro de insolvencia.

"Canalizar fondos ilícitos"

En su escrito, la UIF refutó a Beraldi y señaló que "no es requisito esencial ni indispensable que exista un llamado a indagatoria o un auto de procesamiento" para trabar un embargo.

El organismo antilavado entendió que Florencia Kirchner habría sido utilizada para "canalizar fondos ilícitos". Y recordó que el dinero que estaba en el Galicia fue cedido por Cristina este año, sólo cuatro días después de que fuera citada a indagatoria por el juez Claudio Bonadio en la causa por el dólar futuro.

En duros términos, la UIF consideró que "la cantidad de causas en trámite ante la justicia federal" donde se investiga el entramado conocido como la "ruta del dinero K", dan cuenta "de la magnitud de la maniobra", tanto por la presunta "estructura" montada para la operatoria como por "las cifras millonarias", que supuestamente se desviaron.

"Los ex presidentes pusieron en marcha y dirigieron una estructura encaminada a desviar fondos públicos, que debían ser destinados a la obra pública, en su propio provecho y el de un selecto grupo de empresarios y funcionarios de segundas líneas", agregó el organismo antilavado.

En ese sentido, volvió a reclamar que se sostenga el embargo sobre los bienes que serían "producto del delito", si bien la causa Hotesur aún está en etapa de instrucción.

El organismo antilavado recordó que el embargo es una medida contemplada y recomendada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y pidió que los bienes sigan congelados para cumplir "con los parámetros internacionales fijados para prevenir el lavado de activos".

La UIF ya había pedido que se traben medidas contra los bienes de los Kirchner. Semanas atrás, también elevó un pedido para que se inhiban todos los activos que forman parte de la sucesión de Néstor Kirchner, tras detectar "movimientos sospechosos". Al organismo antilavado le llamó la atención que la ex mandataria cedió depósitos bancarios e inmuebles a sus hijos este año, en medio de la avanzada judicial.

Aclaración ?de Bonadio

El juez federal ?Claudio Bonadio advirtió ayer que en ningún momento ordenó quemar las cunas del plan Qunita, tal como cuestionaron referentes del kirchnerismo, y dijo que los kit están bajo exclusiva jurisdicción del Ministerio de Salud.

El juez aclaró que recibió informes del INTI que indicaban que las cunas y los sacos de dormir son peligrosos para la salud, pero que nunca ordenó que esos elementos fueran incinerados.

Agregó que los ?elementos que integran el plan Quinita que no resultan peligrosos "pueden ser reutilizados con fines sociales".