Advirtieron, además, que la "política de transnacionalización de la soberanía de los recursos naturales" que el gobierno provincial lleva adelante con esta iniciativa, endeuda al pueblo en 50 millones de dólares, y genera una economía de enclave que posibilita la extranjerización, el latifundio, la concentración de la riqueza y la reprivatización de la estructura productiva y portuaria de Entre Ríos.

En su presentación al Fiscal, el FAP-GEN de Entre Ríos se refirió a la Ley promulgada por el gobernador, Sergio Urribarri, el 19 de diciembre pasado, que creó la empresa Arroz del Delta Entrerriano S.A. con plazo de vigencia por 99 años, cuyo objetivo es concesionarle la explotación de islas y puertos del dominio provincial y derogó la Ley 9603 de arrendamientos de Tierras Fiscales que, particularmente, prohíbe la fumigación en esos inmuebles por razones de protección ambiental y de sustentabilidad productiva.

La Ley 10.092, a juicio del F.A.P. – GEN,

avanza hacia la exclusión social y la concentración económica a costa del patrimonio común de los entrerrianos, en condiciones que escapan al control del Estado.

Párrafo aparte dedicó la fuerza al Puerto de Ibicuy: “No debe privatizarse”, dijo. “Es una herramienta del dominio público del Estado Provincial que éste debería utilizar para desarrollar el comercio y el transporte de los productos que los entrerrianos venden a la Nación y el mundo”.

Por eso, ayer solicitó mediante una nota dirigida al Fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes que, en ejercicio de las facultades y deberes que su función y la Constitución le imponen, “dictamine sobre las fallas constitucionales del texto observado y realice las actuaciones tendientes a su declaración de inconstitucionalidad y de lesividad de los actos que de ella se deriven”.