Tras la denuncia pública que realizaron los familiares de Carlos Villegas al afirmar que es un preso vip y atiende a chicos en la alcaidía como médico pediatra, el abogado que representa al acusado dio a conocer que pidió juicio político al juez Rodrigo López Lecube que lleva adelante la investigación de la causa que conmocionó al país.

El pasado 5 de noviembre ingresó por Secretaría del Consejo de la Magistratura, un pedido de juicio político contra la titular del Juzgado de Instrucción y Correccional de Santo Tomé, doctor Rodrigo López Lecube.

La denuncia la formuló el abogado Daniel Gómez, que defiende al ex concejal procesado por abusar de su hija y su nieta. El profesional alega mal desempeño de sus funciones, por desconocimiento de las normas que aplica y el empleo de un criterio absolutamente subjetivo y arbitrario. Resalta que el magistrado se ha desempeñado violando los deberes y facultades inherentes al cargo que ostenta.

Entre los fundamentos de la presentación figuraría un supuesto trato desigual, calificado por el defensor como arbitrario y caprichoso dispensado por el juez de la causa con respecto a Villegas en el trámite del beneficio de prisión domiciliaria, teniendo en cuenta fundamentalmente los antecedentes habidos en el mismo tribunal en situaciones similares. Cita como ejemplo el beneficio que tuvo otro imputado, detenido por una causa de abigeato, afectado por una dolencia en una muela.

El letrado resaltó que Villegas es portador de la enfermedad conocida como mal de chagas, que derivó en los últimos tiempos en una enfermedad coronaria de carácter grave, se-gún los informes que se encuentran incorporados al expediente judicial.

El informe hizo que el fiscal de la causa, Pedro Fonteina, tuviera un cambio de postura y se manifestara a favor de la concesión del beneficio de arresto domiciliario, dictamen que por ahora no fue tenido en cuenta por el juez Lopez Lecube.

El abogado Gómez alega además un supuesto desconocimiento exhibido por el juez en cuestiones de procedimientos elementales llevados adelante en el marco de la causa, y que perjudicarían la situación de su defendido. A título de ejemplo menciona que por falta de notificaciones en el juzgado a cargo del juez López Lecube todavía no se encuentra resuelta por la Cámara de Apelaciones en lo penal de Paso de los Libres la apelación al auto de procesamiento. Señala también que nunca ha dictado la rebeldía del procesado, circunstancia que impide calificar al detenido como “fugado”.

En tanto hasta la fecha y luego de cinco notificaciones a la denunciante, no pudo lograr la comparecencia de la menor abusada a prestar declaración a través de la Cámara Gesell, y que ni siquiera se haya preocupado de que se manifieste por la progenitora de la menor la voluntad de prestarse o no a la realización del acto.

El letrado aclara en su presentación que estos errores judiciales demostrativos del mal desempeño del acusado cobran hoy particular importancia dado que el juez de instrucción en cuestión pretendería lograr un ascenso en su carrera judicial para el cargo de Camarista Penal, por lo que adelanta su postura a impugnar el pliego si así ocurriere.