Pidieron el juicio político del juez que había liberado al asesino de Micaela

Un senador entrerriano consideró que Carlos Rossi incurrió en mal desempeño de sus funciones. Y El Gobierno dijo que si no se va, debería removerlo el Consejo de la Magistratura.

Soledad Bargna tenía 19 años. En mayo de 2009 la mató un violador al que la Justicia le había otorgado el beneficio de salidas transitorias. Tatiana Kolodziey tenía 33 años. En octubre de 2012 fue asesinada por un remisero a quien, al igual que en el caso anterior, el juez de Ejecución Penal Axel López le había otorgado la libertad condicional. Micaela Pérez tenía 21 años. Fervorosa militante del colectivo “Ni Una Menos”, también terminó de la peor manera, atacada por un hombre que había sido condenado a nueve años de prisión por dos violaciones, que estaba libre por la decisión de un juez a pesar de un informe penitenciario que lo desaconsejaba. Los tres casos ocurrieron en distintos distritos del país (Capital Federal, Misiones y Entre Ríos), pero tuvieron el mismo, y anunciado, final. Pasaron casi ocho años del crimen de Bargna y los jueces aún siguen cometiendo los mismos errores.

La actuación del juez de Ejecución de Penas Carlos Rossi fue duramente cuestionada. El senador entrerriano Nicolás Mattiauda (Cambiemos) pidió formalmente ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados su juicio político y su remoción. Entendió que su decisión de liberar a Wagner constituye “genéricamente la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”. Otros pares del legislador provincial analizan replicar hoy el mismo pedido.

El Gobierno nacional jugó fuerte en el tema. Ayer, en una entrevista con radio Mitre, el presidente Mauricio Macri advirtió: “A este tipo de jueces no lo podemos tener”. Y añadió: “Lo habló el ministro conmigo y lo apoyé, le dije que tenía razón”, en referencia una conversación que tuvo con el titular de la cartera de Justicia, Germán Garavano, quien también consideró que “debería renunciar” o “el Consejo de la Magistratura debería removerlo”.

El jefe de Estado sostuvo que “un juez, cuando asume la responsabilidad de ser juez, tiene que entender la dimensión del poder que tiene, y que el poder lo tiene para ayudar a la comunidad, no para sostener caprichos ideológicos”. Asimismo, expresó que hay que “entender que así no se puede seguir” y pidió “transmitir un mensaje contundente y claro como el del ministro”.

También ayer, los padres de la víctima recibieron un llamado que los sorprendió, del papa Francisco. Néstor “Yuyo” García escribió en su muro de Facebook: “En medio de tanto dolor una inmensa alegría. Me llamó el papa Francisco y hablamos unos cinco minutos”. Y le agradeció al pontífice por su “humildad y respeto”.

El Papa también habló con Andrea Lescano, la madre de Micaela. “Hasta dónde llega tu lucha y tu mensaje, mi negrita hermosa”, afirmó la mujer sobre su hija asesinada y concluyó: “Gracias Santo Padre por su humildad y respeto!!!!!”.

El cuerpo de Micaela fue hallado el sábado al mediodía, horas después del arresto del sospechoso, Sebastián Wagner (30), en los fondos de la casa de su madre, en el barrio Las Catonas de Villa Trujuy, partido de Moreno, al oeste del Gran Buenos Aires. La mujer lo entregó a la Policía. La víctima estaba desnuda, semienterrada en un descampado de Gualeguay, a unos dos kilómetros de la ruta 12.

El viernes 31 de marzo, la joven fue a bailar con amigos al boliche “King”. La madrugada siguiente, a las 5.45, se contactó por última vez con su novio cuando caminaba hacia su casa. Nunca llegó. Se cree que Wagner la subió por la fuerza a su Renault 18 break y luego la estranguló.

El sospechoso, condenado a nueve ños de cárcel por dos violaciones, estaba en libertad condicional por decisión del juez Rossi, a pesar de que el Servicio Penitenciario de Entre Ríos había emitido un informe negativo y desaconsejado su liberación.

La horrenda muerte de Micaela repercutió muy fuerte. El sábado a la noche hubo una marcha en Gualeguay, con más de diez mil personas. Pero se repitieron otras en distintos puntos del país y el reclamo fue el mismo: repudiar el accionar del juez Rossi, quien ahora tiene custodia policial en su casa, donde le escribieron críticos mensajes y lo escracharon.

En Mendoza, en 2010, el entonces gobernador peronista Celso Jaque aprobó la castración química voluntaria de los responsables de abusos sexuales. Pero nunca llegó a ponerse en práctica porque la iniciativa se suspendió. En julio de 2013, el Congreso sancionó la ley que crea el registro de violadores. Proponía almacenar y sistematizar información genética de condenados por estos delitos. Sin embargo, esto tampoco se efectivizó. El caso Soledad Bargna debería haber servido como experiencia. Pero a Tatiana Kolodziey le pasó lo mismo. Y a Micaela García también.

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