Prisión efectiva por cuatro años, multas de 20 mil pesos para cada uno de los imputados, inhabilitación especial por ocho años para la escribana, y un resarcimiento por daños de 111.745 pesos de manera solidaria entre los dos imputados, fue el pedido de condenas y resarcimientos solicitados por el abogado Sebastián Adet, representante de la querella, al postular sus alegatos en el juicio que se sigue por falsedad ideológica y usura en contra de la escribana Estela Plaza y el prestamista Alfredo Flores Torres en la Cámara del Crimen Nº 4.
Para hoy se espera el alegato del fiscal de Cámara, Pablo Mariño, quien a partir de las 8.45 volcará sus argumentos en la Sala de Grandes Juicios. Se espera la presencia de los integrantes de la ya desaparecida Asociación de Víctimas de la Usura. Ante ello, la defensa de Plaza y Flores Torres, Verónica Huber y René Gómez respectivamente, solicitaron al tribunal conformado por Roberto Lezcano, Abel Fleming, y Carlos Pucheta, que se garantice el acceso de sus defendidos a la Sala, ante la presencia de las personas que denunciaron a ambos por los delitos juzgados en esta audiencia.
Adet indicó que no solo se acreditó la configuración del delito en todas las audiencias, sino que además entendió que en el debate tendría que haber estado también como imputado el comisionista Juan Carlos Colque, quien “tenía pleno conocimiento y estaba en connivencia” con Plaza y Flores Torres, al momento de realizarse los préstamos. Ante las contradicciones que aparecieron en el testimonio de Colque, Adet también solicitó que se giren las actuaciones a la fiscalía ante la posibilidad de que haya incurrido en falso testimonio.
El querellante indicó que la usura se configuró desde el momento que su representado estaba en situación de necesidad por la enfermedad de su hijo, y la imposibilidad de que otras entidades financieras acepten prestarle el dinero requerido. Agregó que mientras que los préstamos anuales en distintos bancos y financieras (en 1998, cuando se hizo el préstamo), no sobrepasaban el 2% de interés anual, en las escrituras se disponía el pago del 5% del interés mensual, lo cual fue corroborado por la perito oficial, Diana Cherezansky. De allí, que se pagaban mensualmente todos los intereses que correspondían al préstamo que figuraba en la escritura, 6300 pesos, otorgándosele a Royano solo 4000 pesos. La deuda total, debía ser cancelada en una 10ª cuota (que era la última), convirtiéndose el saldo que quedaba en algo difícil de pagar.
“Préstamos hechos para fracasar”
“Estas escrituras y préstamos hipotecarios estaban hechos para fracasar”. La afirmación de Adet es una de las hipótesis de quienes denunciaron usura, al sostener que el interés de los prestamistas era, en todo caso, quedarse con la vivienda de los deudores. Para Adet, esto no podía suceder sin la connivencia entre la escribana y el prestamista, dado que todo se volcaba en una escritura en la cual aparecían importes de dinero diferentes a los que realmente se otorgaban. Es en esta situación en la que dijo, se debe tener en cuenta lo que implica la figura de un escribano ante la gente, en tanto este representa la fe pública. “No podemos quitar el velo de que ella utilizó su cargo para cometer un delito grave”, aseguró al hablar de Plaza, y argumentar respecto del delito de falsedad ideológica.
Presiones
Huber había solicitado la presencia de dos peritos en la audiencia que finalmente no comparecieron. La abogada apuntó en contra de la publicación del diario El Tribuno, indicando que los testigos ofrecidos habían sufrido presiones de familiares que les solicitaron no ir a la audiencia, al parecer, por lo que se indicaba en la publicación. No obstante, y por conocimiento que pudo tener Nuevo Diario, al menos uno de los testigos decidió no comparecer al entender que no se le había especificado sobre qué tenía que testificar, dejando de lado la existencia de las presuntas presiones familiares indicadas por la defensora de Plaza
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