Tras esta conclusión sobre los hechos que se juzgan, Rico detalló puntillosamente la prueba producida contra los militares que provocaron los fusilamientos de la denominada Masacre de Trelew.

Al igual que la querella que representa a los familiares de la víctimas, los abogados Germán Ketzel y Martín Rico pidieron prisión perpetua para cuatro de los imputados por el hecho, y dos años de prisión efectiva para Jorge Bautista, el militar que en 1972, luego de la matanza, fue designado para investigar la masacre y fue quien habría realizado la tarea de encubrir lo que sucedió esa madrugada del 22 de agosto.

Antes de definir las categorías delictivas y las responsabilidades en cada caso, Rico fundamentó su alegato con más de diez teorías jurídicas tanto nacionales como internacionales para interrumpir cualquier estrategia de antijuricidad que pudieran presentar los defensores. Además, sobre todo para justificar la calificación de delito de lesa humanidad, el abogado sostuvo: “Hay indicios concluyentes para saber que la orden fue dada desde los más alto, es decir el presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse, y hasta lo ejecutores. Todos son parte de la cadena porque ninguno hizo nada para evitarlo”.

Los acusados de coautores de homicidio doblemente agravado son los ex militares Luis Emilio Sosa, Emilio Del Real, Carlos Marandino y Norberto Pacagnini. En cuanto a Pacagnini se lo acusa por ser autor mediato de los fusilamientos: es decir, fue el que dio la orden como jefe de la base militar y quien llegó al lugar del hecho inmediatamente después de los disparos. “Además es responsable de negarle asistencia médica en las siguientes nueve horas a los seis sobrevivientes, de los cuales dos morirían por falta de atención y Rubén Bonet con un tiro de gracia, también varias horas después de estar agonizando en el sector de calabozos de la base de la Armada”.

“Pacagnini no sólo es responsable como jefe máximo de la base, sino también como el responsable máximo de una estructura de poder criminal para realizar los fusilamientos”, sustanció Ketzel.

En cuanto a los otros tres serían los ejecutores directos de la masacre: “Dijeron que tiraron todos”, citó textualmente el querellante Martín Rico sobre uno de los testimonios que se consiguieron en el juicio.

Ante el acto criminal, los querellantes resaltaron los agravantes. En principio la alevosía “por aprovecharse de una situación de indefensión de las víctimas con el fin de que los autores no sufran ningún tipo de riesgo”. Al respecto, Rico detalló que el estado de indefensión se comprueba porque permanecían en una de las bases militares más custodiadas, donde había más de 1500 militares, en celdas que no estaban destinadas para civiles, incomunicados de sus familiares y abogados, y sometidos a rutinas de violencia.

El otro agravante citado por la querella fue el concurso de dos o más personas para llevar a cabo el crimen. Al final de la exposición, Martín Rico sumó otro elemento que desestimaría cualquier tipo de atenuante a favor de los acusados: “Ninguno ha mostrado algún tipo de arrepentimiento, incluso siguen manteniendo las versiones oficiales de la Armada en 1972”.

Precisamente, Germán Ketzel demostró una vez más lo inestable de la versión de los marinos: “En 1973, los abogados de la Armada ya consideraban que era imposible que los presos políticos hubieran realizado un intento de fuga, y que en caso de un juicio resultaría en contra del Estado argentino. Y lo decían con muchos menos elementos y conocimiento de los que contamos en la actualidad”.

Respecto al imputado Jorge Bautista, acusado de encubrimiento, también solicitaron la prisión efectiva porque de igual manera se trata de un delito de lesa humanidad, cometido deliberadamente por el Estado y con elementos públicos.

Entre las numerosas faltas cometidas en su investigación, los querellantes enumeraron: Jorge Bautista no realizó lo que le exigía el mismo código de justicia militar que regía por esos años: no realizó las autopsias de los cadáveres, ignoró los disparos de remate en la cabeza de las víctimas, no realizó pericias de las ropas que tenían puesta los fusilados e interrogó a los sobrevivientes con preguntas indicativas y sugerentes para que reconocieran tácitamente la versión oficial del fusilamiento.

“Su conducta no fue negligente; sino que realizó una investigación que tenía por fin asegurar la impunidad de los acusados”, resumió Ketzel.

Respecto a las actuaciones posteriores a los hechos de agosto de 1972, los querellantes sostuvieron que todos los imputados fueron protegidos por la Armada y por las dictaduras. Los oficiales, sobre todo, fueron enviados a agregadurías militares en el exterior: Sosa y Bravo enviados a Estados Unidos, y Del Real a Inglaterra; mientras que Norberto Pacagnini luego fue designado gobernador de Misiones en la dictadura de 1976.

Los querellantes exigen que no tengan privilegios

En el cierre de la exposición, los querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hicieron explícito el pedido de cárcel efectiva y común para los imputados. Este punto también había sido pedido por los familiares de las víctimas, representados por Hilda de Toschi.

“Pedimos al tribunal que en caso de condena, todas las penas sean efectivas en cárceles comunes del Servicio Penitenciario Federal”, sostuvo el abogado Ketzel, quien justificó su pedido en que debido al alto mando que cumplían en la Armada argentina, podían tener privilegios tanto si cumplían prisión domiciliaria como si fuera en una dependencia de las Fuerzas Armadas.

Anteriormente, su par querellante, Martín Rico, explicó que “no es obligatorio el carácter domiciliario” para los condenados por razones de edad. Argumentó su postura en base a la jurisprudencia que sentó la causa contra el ex policía bonaerense Miguel Etchecolatz, quien hoy cumple prisión en la cárcel de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires.

La razón para desestimar cualquier tipo de privilegios se da en que para los querellantes son culpables de haber cometido “delitos aberrantes congeniados, pergeñados y encubiertos” por el aparato del Estado.

La responsabilidad del dictador Lanusse

En la sesión de ayer, los querellantes se refirieron constantemente al presidente de facto de 1972, Agustín Lanusse, como responsable máximo de los fusilamientos. Además de sostener que desde Lanusse hasta los ejecutores inmediatos del plan eran parte “de la misma cadena”, los querellantes hicieron referencia a todo el contexto histórico que rodeó a la Masacre de Trelew.

“El hecho de que lograran escapar los seis máximos dirigentes de las organizaciones revolucionarias, de un penal de máxima seguridad en el sur del país, puso en ridículo a la dictadura”, dijo el abogado Rico.

Además detallaron cada una de las actuaciones directas que tuvo Lanusse al respecto: inmediatamente después de la fuga de los 25 presos políticos del penal decretó la zona de emergencia para las ciudades de Rawson y Trelew, fue el que decidió que los presos recapturados fueran a la base militar Almirante Zar y no devueltos al penal como habían negociado, prolongó la detención por una semana hasta los fusilamientos y se encargó de las negociaciones diplomáticas con el gobierno chileno de Salvador Allende, para lograr la extradición de los seis militantes fugados.

“Trelew era una cuestión de mucha importancia para Lanusse”, dijo Germán Ketzel sobre la imposibilidad de que no tuviera decisión sobre la decisión de fusilarlos. Además, los querellantes recordaron que ya en 1966, cuando era presidente de la dictadura Juan Carlos Onganía y Lanusse el máximo jefe de las Fuerzas Armadas, había firmado documentos de instrucción militar para reprimir a la sociedad civil.