El radicalismo, mediante una nota presentada por el presidente de bloque Nicolás Maiorano, solicitó al Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires que, a través de su delegación local, efectúe inspecciones y auditorías a fin de determinar “la posible infracción a las normas vigentes durante el proceso de aprobación de las ordenanzas fiscal e impositiva”.

Además, tal como adelantó este miércoles El Atlántico, Maiorano radicó una denuncia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, mientras que instó a la Justicia a determinar a “los autores del delito denunciado” en función de su exposición. En tanto, en los próximos días introducirá ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo para que se de curso a una medida cautelar y se suspenda la aplicación de lo aprobado en el encuentro deliberativo cuestionado.

En ambas presentaciones, el radical esbozó los mismos fundamentos. En su relato de los hechos dio cuenta de una “serie de irregularidades” en la convocatoria y el funcionamiento de la Asamblea de Mayores Contribuyentes que tuvo lugar el 13 de enero, en la cual se aprobó el aumento de las tasas municipales.

Mencionó particularmente la violación de artículos de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) y la Constitución provincial, por lo cual determinó que el proceder debía ser calificado como “ilegal” y “arbitrario”. Al respecto, aclaró que “el acto es producto de una aplicación desacertada, errónea, arbitraria e ilegal de las propias normas que el organismo demandado está llamado a acatar”.

Además de las inspecciones y auditorías, al Tribunal de Cuentas se solicitó que una vez concluido este proceso se eleven los antecedentes, conforme a lo previsto por la ley, “a efectos de evaluar la conducta de los funcionarios involucrados”.

En la nota dirigida al presidente del organismo bonaerense, Eduardo Benjamin Grinberg, Maiorano puso en conocimiento de las situaciones que propiciaron el pedido, en el marco de la aprobación de la ordenanza fiscal e impositiva del ejercicio 2012.

En virtud de éstas, el edil aseguró que se observa “la afectación de los principios constitucionales de legalidad y razonabilidad”.

La documentación a la que tuvo acceso El Atlántico explica que la Asamblea citada para mediados de enero “fracasa por falta de quórum para su funcionamiento”, de acuerdo al libro de registro de actas. El concejal cita a continuación un artículo de la LOM que establece que “si a esta primera citación no concurriesen la mitad más uno de los Mayores Contribuyentes y un número igual de concejales por lo menos, se procederá a una nueva citación”.

“Sin embargo, la asamblea se lleva a cabo en la misma fecha sin efectuar citación alguna y en franca violación del procedimiento legal establecido”, recalcó. Cabe recordar que al momento de celebrarse el encuentro en el recinto, sólo había 12 Mayores Contribuyentes por lo que hacía falta uno más para lograr el quórum requerido.

El concejal especificó que la segunda convocatoria realizada por el presidente del Cuerpo, Ariel Ciano, no respetó los tiempos previstos ni se hicieron las notificaciones necesarias, al tiempo que enfatizó que “en virtud de esta anomalía” son aprobados los expedientes que contienen las ordenanzas fiscal e impositiva para el ejercicio 2012.

Según sostuvo, la normativa “debe contener las formalidades que le exigen tanto la Constitución Provincial como la LOM, y al porvenir de una autoridad política y evidentemente ser ejecutado en forma contraria a los preceptos legales, debe ser considerada inexistente por su manifiesta ilegalidad”.

Además, añadió que “la ordenanza definitiva se encuentra viciada de nulidad desde el momento mismo en que se lleva a cabo la integración de la asamblea referida”, y por ende, instó a la Justicia a investigar si se han sido cometidos los delitos denunciados.

Por otra parte, Maiorano señaló que los actos se desarrollaron en “forma contraria a las normas de superior jerarquía” y justificó que la autoridad municipal –el presidente del Cuerpo en este caso- “no puede desconocerlas al momento de su aplicación, ya que haría incurrir en un eventual abuso de autoridad y un posible incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.

“Es elocuente que para la sanción de la ordenanza fiscal e impositiva se violó la necesidad y obligación del Presidente a formular la 2º citación a la Asamblea y, por lo tanto, las mayorías establecidas por la ley, alterando gravemente el procedimiento que garantiza el sistema democrático y la forma republicana de ejercicio del poder”, sentenció.

Junto a los fundamentos, el titular de la bancada radical anexó como pruebas las copias de decretos de segundas convocatorias de los años 2009 y 2007 -a modo de ejemplo-, las actas de sesiones de la asamblea en cuestión, como también del libro de registro de firmas de asistencia, entre otros documentos.

Por último, pidió que se cite en calidad de testigos a los concejales del bloque oficialista y a Hernán Alcolea -único opositor en el recinto-, a los Mayores Contribuyentes y a empleados del Concejo Deliberante.