Lo urge a que remita las actuaciones de una denuncia contra el fiscal general, César Sotelo, a la Cámara de Diputados de la Provincia y a la Justicia Federal.
DENUNCIA
Se trata de una denuncia iniciada por el ciudadano Rodolfo Amílcar Paladini contra el fiscal Sotelo, a raíz de la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad.
Ante la aparente falta de respuestas frente a semejante denuncia, Paladini urgió contestación, cosa de la que Niz tomó conocimiento.
Sin embargo, este Ministro no fue informado sobre el trámite que se le imprimió al mencionado expediente. Es por ello que en su nota elevada a Rubín busca «deslindar toda responsabilidad jurídica, política e institucional como integrante del cuerpo colegiado de este Superior Tribunal de Justicia».
Acota en su nota que por imperio del decreto ley que rige el funcionamiento del Poder Judicial, éste sólo podrá tomar decisiones por la mayoría absoluta de todos los ministros. Sin embargo, aparentemente Niz fue excluido de la información.
Lo señala el propio Niz al indicar que la circunstancia prevista en la legislación vigente «no se configuró en las presentes actuaciones a través del circuito de informe a cada uno de los ministros y/o en sesión pública de Acuerdo de Ministros».
FUNCIÓN
INDELEGABLE
También trae a colación el artículo 15 de la Constitución Provincial, que establece que «los poderes y funcionarios públicos no pueden delegar, bajo pena de nulidad, las facultades o atribuciones que esta Constitución y las leyes les confieren». Otra razón que indica que no se debe sustraer del debido conocimiento de los casos en que el Superior Tribunal de Justicia, como cuerpo colegiado, se encuentra urgido en un expediente administrativo.
También recurre al Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, en cuyo artículo 7 se señala que «los magistrados, funcionarios y empleados judiciales deberán documentar todos los actos trascendentes de su gestión y promover su publicidad garantizando así su transparencia».
El ministro Niz considera en su nota que deben atenderse las peticiones «de cualquier justiciable observando el principio de igualdad ante la ley y el debido proceso» (artículos 16 y 18, respectivamente, de la Constitución nacional).
Finalmente pide que las actuaciones se giren a la Cámara de Diputados de la provincia y a la Justicia Federal, quienes «son competentes por tratarse de pedidos de juicios políticos y por los presuntos delitos de lesa humanidad denunciados al señor Fiscal General».
Tal presentación se dio en el marco en que el fiscal Sotelo estuvo en la mira debido al destrato que en un lugar público dispensó al presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani.
Actualmente se contabilizan cuatro pedidos de juicios políticos contra Sotelo, reservados en Secretaría de la Cámara baja.
No pasó por alto en los últimos días el reciente suceso en que el Fiscal nombró fiscales truchos en Paso de los Libres.
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