La causa, que aún se encuentra en instancia de investigación, fue iniciada en 2003. En ese año Andrada formaba parte del grupo fiduciario que administraba los fondos del club Ferro Carril Oeste declarado en quiebra. La causa la inició el mismo club a partir de una investigación que se emitió en el programa televisivo Telenoche Investiga.

El funcionario fue imputado por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos, relacionadas con transferencias de montos que no eran los acordados y dinero que no se pagó.

Junto con la imputación hubo un embargo sobre los bienes de las personas involucradas, entre ellas, Andrada.

En el proyecto los legisladores opositores sostienen que una persona que está imputada, con un embargo de sus propiedades, y que todavía tiene que prestar indagatoria, no puede haber sido nombrada al frente de una empresa del Estado.

En tal sentido, consideran necesario salvaguardar la transparencia en la función pública y la credibilidad en las instituciones democráticas.