Con el patrocinio del abogado Gustavo Azzem, argumentó que el jefe comunal ha cometido reiteradas faltas a la ley de ética de la función pública y sostiene la afirmación haciendo referencia a dos denuncias, una por presunto "desvío de fondos" provenientes de la renovación de los contratos petroleros y otra por "malversación de fondos", derivados de las regalías sojeras.

Alude a una serie de antecedentes de este tipo de recursos legales para revocar mandatos y destaca los beneficios que reporta en un marco de vida democrática.

"Refuerza el control del ciudadano sobre el gobierno; permite a los votantes corregir fallas de los sistemas electorales, provocadas por el sistema de elección basado en el principio de mayoría relativa o pluralidad; reduce la alienación de los votantes", consignó en el escrito.