La separación de su cargo en la Fiscalía de Estado de la Provincia de Facundo Maggio a raíz de la defensa que ostenta de uno de los imputados en el juicio que se sigue por delitos de lesa humanidad en la megacausa "Arsenales y Jefatura II", levantó la polémica en un sector de la política tucumana. En tal sentido, el legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), presentó un proyecto de ley en el que se le solicita al gobernador José Alperovich que determine las instrucciones necesarias para restituir al abogado penalista en sus funciones con idénticas condiciones a las que ostentaba y conservando su antigüedad.

Además, en la iniciativa se destaca el rechazo a las manifestaciones vertidas por el Secretario de Derechos Humanos Humberto Rava, "por ser manifiestamente discriminatorias, y atentar precisamente contra los derechos humanos". Como se recordará, este organismo consideró que el hecho de que Maggio haya tomado la decisión personal de asumir la defensa de imputados en crímenes de lesa humanidad, "es de su entera responsabilidad y, por lo tanto, no puede seguir perteneciendo a un gobierno comprometido con la defensa de los derechos humanos", había indicado Rava.

En torno a esta polémica, Bussi manifestó que "los gobiernos, tanto nacional como provincial se han auto proclamado los defensores de los derechos humanos y de la democracia. Con esa bandera han destruido instituciones señeras de muestra patria y han mancillado la memoria de quienes lucharon por defender esta tierra de ideologías foráneas".

Vinculado con la separación de Maggio de la planta de profesionales del Poder Ejecutivo, el parlamentario opositor aludió que "habría entonces que recordarle a los funcionarios de este gobierno que el derecho de defensa en juicio tiene rango constitucional, como también lo tiene el principio de inocencia, que al igual que los derechos humanos parecen ser un privilegio de algunos", resaltó.

"Me pregunto ¿esto no es autoritarismo?, ¿esto no es discriminación?, ¿esto no es violación a los derechos humanos? ¿Esto no es persecución ideológica? ¿Dónde está el INADI cuando se trata de una manifiesta discriminación a quienes no son afines al gobierno?", aludió Bussi.

Finalmente, el republicano opinó que este hecho "demuestra que se trata de un gobierno demagógico, autoritario, que persigue y se ensaña con quienes no lo apañan, y como digo, no solo por este atropello a un profesional de derecho que no ha hecho absolutamente nada malo ni ilegal”, culminó Bussi. En tanto, desde el Colegio de Abogados de Tucumán, se requirieron antecedentes a la Fiscalía de Estado y a la Secretaría de Derechos Humanos dada la eventual afectación del ejercicio de la profesión de abogado, la cual reviste una función pública de ejercicio privado, indicó la institución.