Por iniciativa del bloque Unión Celeste y Blanco, en su primera sesión ordinaria del año el Concejo Deliberante tratará dos proyectos vinculados a las obras que se realizan en la ex ruta 7, en el tramo comprendido por las avenidas Constitución y Carlos Pellegrini.

Los trabajos generaron diversos inconvenientes a los vecinos de la zona, especialmente a los comerciantes ya que, en algunos casos, las tareas han bloqueado distintas actividades económicas como consecuencia de la imposibilidad de circulación vehicular en varios tramos de esa arteria.

El reclamo fue planteado a los concejales por personas que mantienen actividades comerciales. De esa manera, existen en carpeta una iniciativa de comunicación dirigida al Departamento Ejecutivo y una resolución que se propone elevar directamente al Estado Nacional debido a que resulta el responsable de la obra. En el primero de los casos se solicita a la gestión encabezada por Oscar Luciani que "proporcione un representante técnico que supervise la obra y actúe de intermediario con los vecinos", además de mantener reuniones periódicas con las personas afectadas para mantenerlas al tanto de la evolución y los plazos de los trabajos. Por otra parte, los ediles que integran el bloque Unión Celeste y Blanco piden que el Ejecutivo exima del cobro de tazas "a los comerciantes que se vean afectados".

En cuanto a la resolución, en su primer artículo se propone dirigirse al gobierno nacional para lograr "el envío de un informe sobre el cronograma actualizado de la obra, teniendo en cuenta las modificaciones que se pudieron haber hecho". El otro punto busca lograr que el Ejecutivo comandado por Cristina Fernández "arbitre los medios necesarios para gestionar un resarcimiento económico a los comerciantes".

Ambos proyectos deberán esperar hasta la primera sesión ordinaria. La intención inicial de los ediles apuntaba a lograr la aprobación bajo la modalidad conocida como "ad referéndum", que significa darle viabilidad a una propuesta con la firma de cada presidente de bloque, sin necesidad de ser tratada. En esta ocasión, sin embargo, los concejales no se pusieron de acuerdo. La comunicación dirigida al Departamento Ejecutivo encontró la negativa de la bancada oficialista. La resolución, en tanto, no recibió la firma del presidente del bloque princista. Esos espacios habían firmado las propuestas que no involucraban a los oficialismos nacional y municipal, pero se negaron a hacerlo en los casos en los que el Concejo se dirige a los gobiernos a los que responden los respectivos bloques.

Los argumentos esgrimidos desde Unión Celeste y Blanco son variados. En primer lugar se expone que "debido a la lentitud de la obra, variaron los plazos estipulados inicialmente". En ese marco, "la comunicación entre los vecinos de la zona, tanto con el Estado Municipal como con los responsables de la empresa, sobre plazos y el estado de la obra, es prácticamente nula". Por otra parte, los ediles explican que esas cuestiones impiden a los propietarios de locales comerciales planificar el funcionamiento de sus negocios (compras de mercadería, aprovechamiento de fechas claves comerciales, etc.), lo que sumado a la disminución de sus ventas, "pone en peligro, en la mayoría de los casos, la supervivencia del mismo".

A su vez, los concejales entienden que si bien una vez terminada, la obra resultará muy beneficiosa para la ciudad, "en lo inmediato se ve opacada por el mal manejo de la información, la ausencia de diálogo y la falta de fiscalización municipal".

En los argumentos se cita como ejemplo el caso de los comercios del rubro automotor, como talleres de reparación y gomerías, que directamente no pueden desarrollar sus actividades por la falta de circulación en determinados tramos. Sin embargo, el Municipio no estableció un esquema de reducción de tasas para contrarrestar el impacto económico de esos negocios. También se aclara que "si bien los comerciantes acompañan la obra que beneficiará el tránsito en la avenida, ven fundamental la información y el control por parte del Municipio", como así también del Estado nacional.

No es la primera vez que el Concejo reclama información al Ejecutivo. A comienzos de año, el bloque del FpV-PJ presentó un proyecto de comunicación para que, en carácter de "urgente", el gobierno convocara a una reunión con vecinos y comerciantes de las avenidas Constitución y Carlos Pellegrini. La propuesta sólo quedó en un plano testimonial.

MALESTAR

La semana pasada, EL CIVISMO recogió las voces de vecinos que trabajan sobre Constitución y Carlos Pellegrini. Al unísono, reclamaron información sobre el desarrollo de los trabajos y no ocultaron su malestar por los trastornos ocasionados.

"Hace cuatro meses que está cortado esto. Nosotros podemos seguir trabajando, porque tenemos un galpón sobre colectora, pero acá no se puede, porque nosotros trabajamos con camiones y acá está cerrado el tránsito", ejemplificaba un trabajador de Gomería Norte.

En la zona de la avenida Constitución, entre San Martín y Vicente López, se desarrollan distintos tipos de obras. En el sector más cercano al tanque de agua el cierre al tránsito acumula una duración de cuatro meses. En el otro extremo, en cambio, ese inconveniente se evidencia desde hace un mes.

"Si me hubieran avisado, compraba menos mercadería, porque ya sabía que iba a vender menos y lo podía prever. Esto, si no lo vendo en dos días, se echa a perder y, mi fuerte, que ahora perdí, es la venta minorista", se quejaba otro comerciante, al tiempo que anunciaba una reducción de ventas cercana al 80 por ciento.

Ante esas situaciones, las personas afectadas trabajan en la conformación de una comisión de vecinos para solicitar plazos y obtener subsidios que les permitan "paliar las pérdidas económicas".