En un confuso episodio acusan al subsecretario de Asuntos Municipales por una publicación que habría realizado en una red social en la que admite haber sido partícipe del delito de cohecho.
Aparentemente, los legisladores tuvieron acceso a una publicación de una cuenta de la red social, Facebook, en la que Lavatelli admitiría haber pagado soborno para beneficiar a su empresa familiar en compras y/o provisión de insumos o servicios con el Estado Provincial.
En la publicación el funcionario responde a un agravio de la cuenta "Crítica Constructiva", en la que se acusa a su familia de haberse enriquecido con el gobierno del FCS. "El gobierno radical le quedó debiendo mucha plata....lo peor es que le daban trabajo pero siempre con este gobierno radical había que poner un diezmo" dice parte de la publicación en la que Lavatelli respondería a la acusación.
El hecho se habría producido entre la empresa "Lavatelli", propiedad de la familia del funcionario, y el Estado provincial durante la gestión del FCS.
En el proyecto, los legisladores solicitan al Poder Ejecutivo que realice la respectiva denuncia en sede judicial y la correspondiente investigación administrativa por "la comisión de un supuesto delito de cohecho en virtud de los supuestos dichos del funcionario”.
Los diputados argumentan su pedido señalando que “la palabra diezmo" hace referencia al pago del 10% como impuesto al funcionario con responsabilidades de gobierno o a la iglesia, según una acepción que se puede encontrar en cualquier diccionario; en lo emitido Daniel Lavatelli hace referencia a un pago de “diezmo” con una promesa de beneficios, lo que recae en un delito establecido en el Código Penal como “cohecho”.
Además, consideran que el cohecho es, además, una forma de competencia desleal en caso que pretenda prever al Estado de un bien o servicio, ya que las empresas pequeñas no cuentan con la capacidad de entregar “diezmos” o como técnicamente calificado, sobornos, para participar de una licitación pública.
Los legisladores aseguran que consideran importante que se actué con responsabilidad, investigando en forma penal y administrativa, sancionando si se descubriese un acto de cohecho en esta administración o la anterior, "teniendo presente que tanto el pasivo como el activo son participes del delito, con el único fin de resguardar la credibilidad de los ciudadanos sobre las instituciones" concluye el proyecto de resolución.



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