“Este tipo de medidas corporativas son expresiones del pasado más oscuro de nuestro país y las fuerzas de seguridad ya no tienen otra alternativa que subordinarse al poder político y entender que su motivo de existencia no es la represión al pueblo”, esgrimieron los ediles.

En su comunicado expresaron además que Scioli debe comprender que “son sus políticas de mano dura las que alientan este tipo de hechos y que sólo la verdadera democratización de la Policía Bonaerense permitirá que llegue a su fin una connivencia político-policial que nada tiene que ver con el actual estado de derecho que vive nuestro país”.

En el mismo sentido, el diputado provincial de Nuevo Encuentro (NE), Adrian Grana, pidió la renuncia del ministro de Seguridad provincial, Ricardo Casal porque, “su gestión significa un gran retroceso en los avances que se habían logrado en anteriores gestiones y al mismo tiempo va a contramano de las políticas que lleva adelante en la materia el gobierno Nacional”.

En tanto, Marcelo Saín también diputado provincial de NE y ex viceministro de seguridad en la gestión de León Arslanián, pidió la renuncia del funcionario y explicó que, “un jefe operativo no toma la decisión de quien entra o quien no a la legislatura: hubo una orden del ministro Casal para impedir el ingreso de los militantes de La Cámpora al recinto y ahora se quiere responsabilizar por ello a seis trabajadores de la policía y a un jefe de operativo. Se pretende cortar por lo más fino y por eso van a perder el trabajo seis policías que poco tienen que ver con una decisión que tomó el responsable político de la fuerza”.