Desde el bloque de diputados de Producción y Trabajo se presentó, la semana pasada, un proyecto de comunicación a través del cual se solicita información al Poder Ejecutivo sobre la reglamentación de la ley 8208. La misma fue aprobada en junio del año pasado y en el texto se establece un plazo de 60 días para su correspondiente reglamentación. Sin embargo, a más de un año del voto positivo en la Cámara de Diputados, todavía no puede implementarse.

Esta ley, cuyo autor es el ex diputado basualdista Armando Campos, establece la reconstrucción mamaria gratuita para mujeres a las que se les haya practicado la ablación de las mismas en hospitales públicos provinciales.

“Estamos solicitando la reglamentación porque de esta forma vamos a tener bien establecido las condiciones para realizar la construcción de las mamas de aquellas personas que han sufrido la ablación”, señaló la diputada Lucía Sánchez, autora del proyecto de comunicación. “Dentro del espíritu del legislador se incluye la difusión de esta situación y hasta el momento creo que es muy poca la gente que sabe que tienen una ley que los protege y que puede recurrir a un servicio en los hospitales públicos para que les realicen la reconstrucción mamaria”, manifestó.

Entre las suposiciones de por qué ha pasado tanto tiempo para la reglamentación de la normativa, la legisladora presume que podría ser por el costo que conlleva.

Vale aclarar que una operación de este tipo tendría un costo superior a los 15 mil pesos, según estimaron fuentes del área de salud. “Puede ser por presupuesto. Pero nosotros entendemos que en salud no podemos escatimar esfuerzos y menos económicos para proteger a todos los habitantes”, afirmó la legisladora.

La diputada Sánchez hizo hincapié en los beneficios de la aplicación correcta de esta ley, teniendo en cuenta los problemas físicos y psicológicos que produce la ablación de las mamas en las mujeres; y más aún teniendo en cuenta que la normativa sería aplicada solamente a mujeres afectadas de bajos recursos, sin obra social.

Un aspecto a destacar es que cuando esta ley fue aprobada en 2011, la provincia fue pionera en la materia. Solamente en la provincia de Buenos Aires existía una normativa general. Desde entonces, se ha ido aplicando a otras provincias argentinas.