El pedido se hace basándose en la ley nacional de obras sociales N° 23660 donde fija ese porcentaje como el máximo que se puede deducir a al personal activo que preste servicios en relación de dependencia.

Igualmente Mazzone presentó esta iniciativa "atento a la angustiante situación por la que están pasando la mayoría de los empleados de la administración pública provincial y municipal, donde el aumento otorgado a sus haberes se vieron totalmente licuados por el alto índice de inflación que aqueja a todos los asalariados".

También consigna que "además el aporte que deben hacer algunos por el impuesto a las ganancias provoca una constante merma de sus salarios, por eso es que veo como fundamental que se derogue el artículo 11 inc. 11.1 del decreto 3402/07 por ser abusivo el aporte del 5,5% por parte del personal activo".

Para la diputada esta determinación "va en contra de la Ley Nacional de obras sociales N° 23660 donde en su artículo 16 establece concretamente en el inc. b que el aporte a cargo de los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia será equivalente al tres por ciento (3%) de su remuneración".

Por último la diputada explicó que la presentación de este proyecto es independiente de una eventual presentación en la justicia pidiendo la inconstitucionalidad del actual descuento, ya que lo que considera "una discriminación entre los empleados de la administración pública con los demás empleados de las diferentes obras sociales".

Si bien figura en el acta de labor parlamentaria del martes, gracias al cupo que le corresponde al bloque del Frente Democrático al que pertenece Mazzone, habrá que ver que deciden los diputados del Justicialismo, que por ser amplia mayoría son los que definen la votación, considerando que de aprobarse generaría una considerable disminución de los ingresos que percibe mensualmente el IPS.