Ante ello, los legisladores radicales Federico Romano Norri y Roberto Sánchez presentaron el Cámara provincial un proyecto de ley que establece la reducción de un 50% del pago del impuesto a los Ingresos Brutos para las empresas locales que sobrelleven faltantes de insumos debido a las trabas aduaneras.

El proyecto contempla, puntualmente, la excepción del gravamen de Ingresos Brutos a los comercios, industrias, profesiones o negocios que tengan bienes de insumo para el desarrollo de su actividad detenidos en la aduana y que por estas razones no puedan realizar sus actividades comerciales en forma normal.

La reducción impositiva beneficiaría a las firmas locales que hayan tenido una baja de más del 50% de sus ingresos netos y sólo por el lapso que dure la restricción aduanera, informaron.

"Desde septiembre del año pasado diversas restricciones administrativas comenzaron a dificultar el ingreso a la Argentina de productos hechos en el extranjero. Sin que mediara una normativa precisa que explique el alcance de las medidas, las dificultades para la importación se mantuvieron desde entonces y hoy afectan peligrosamente al futuro de distintos rubros productivos", advirtieron los parlamentarios en los fundamentos del proyecto que ingresó a la Legislatura.

"Auguramos que la dinámica de las exportaciones este año no será favorable como en períodos anteriores, por el impacto de la sequía, la menor producción doméstica de energía y la moderación del ritmo de crecimiento mundial. Trabar las importaciones tiene costos elevados sobre la actividad productiva y comercial. Además, restringir el mercado implicará en el corto plazo menos disponibilidad de bienes para consumir y, por ende, que los que estén disponibles sean aún más caros. El Estado debe asumir un rol activo para evitar que esta situación impacte en la cuentas públicas y la reducción tributaria por un plazo extraordinario es una buena opción disponible", concluyeron los parlamentarios.

El Poder Ejecutivo implementó una serie de limitaciones al ingreso de bienes y servicios al país, que llevó además a un litigio internacional entre Argentina con otros países, en la Organización Mundial del Comercio (OMC).