Esta fue parte de la solicitud volcada en el documento que elaboraron tras la asamblea que se realizó entre el jueves y viernes en la ciudad de Salta. A su vez, condenaron "los actos de desalojos y desplazamiento de las comunidades de sus territorios tradicionales con la complicidad de los jueces que desconocen y violan el mandato constitucional reglamentado en la Ley 26.160 y su prórroga 26.554 que prohíbe todo tipo de desalojo". Es así que volvieron a exigir la "la plena participación de las Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios para garantizar y llevar a cabo el nuevo programa de relevamiento territorial en la provincia". De la reunión participaron las autoridades tradicionales, voceros y delegados de miembros en el Consejo de Participación Indígena (CPI).