Con este primer paso institucional, espera que la provincia formalice un reclamo ante el Poder Ejecutivo Nacional y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya que los pequeños y medianos productores se verán “seriamente afectados por los alcances de la nueva normativa, que los coloca a la gran mayoría en calidad de evasores porque no podrán cumplir las exigencias”.

Mediante la Resolución Nº 3152 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), publicada en el Boletín Oficial el día 29 de Julio de 2011, “se han considerado valores irrisorios para la actividad, fijando un IMT de 0,46/ha para trabajadores permanentes en tareas de preparación y limpieza de terreno, siembra, y tareas generales; además de un total de dos (2) jornales por Tonelada Cosecha durante 6 meses.

Estos indicadores contemplan, por ejemplo, que un productor yerbatero de dos hectáreas deba contar con un empleado permanente en su propiedad, con un costo laboral de $200 por día, siendo $100 de remuneración y 100 de cargas patronales, lo que sumado por los 20 días laborables, alcanza el monto de $4000, mientras que la yerba puesta en secadero recibe un pago de $900 por tonelada, y descontando los costos de tarefa y flete, el valor cobrado por tonelada es de $500. “Estimando una producción media de cinco toneladas por hectárea el ingreso del productor por las dos hectáreas es de $5000, o sea, el 80% del ingreso por la venta apenas cubre la mano de obra permanente de un mes, a lo que debemos sumar los demás costos de producción, que superan ampliamente lo percibido por la venta del producto”, señala el diputado en su proyecto.

“Esto sin dudas deja en evidencia el desconocimiento con el cual se fijan estos parámetros, y la falta de información acerca de las economías regionales, que vienen a poner mayor presión impositiva sobre los productores, dejándolos totalmente desprotegidos y determinando la inviabilidad del sector yerbatero”, agrega el proyecto.

Otro dato que demuestra la incoherencia de la presente norma, es el detalle que con un IMT de 0,46 trabajadores permanentes/hectárea, se necesitarían alrededor de 90.000 trabajadores para atender las casi doscientas mil hectáreas implantadas en la provincia, mientras que desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) se considera que en Misiones existen alrededor de 24.000 obreros rurales.

“Como estos indicadores son utilizados en momentos de fijar multas y ganancias de la actividad, la resolución afectará enormemente al sector productivo, por lo cual es necesario que desde este Cuerpo, se rechace los alcances de esta norma y que se arbitre los medios necesarios a fin de dejar sin efecto la misma”, finaliza la iniciativa del Partido Agrario que espera tratamiento en la Legislatura.