24/05/2012 11:35 PM | Luego de que por sexta vez, el letrado Carlos Eduardo López sea privado de la posibilidad de acceder al cargo de funcionario judicial, puesto que no fue propuesto a consideración de la Legislatura por parte del gobernador José Alperovich en ninguno de los concursos en los que resultara ternado por el Consejo Asesor de la Magistratura, se alzaron voces críticas a esta metodología implementada por el Ejecutivo.

De esta forma, la legisladora Silvia Elías de Pérez, mediante una carta documento enviada al propio Mandatario provincial, le solicitó que rectifique su decisión, al argumentar que López posee uno de los tres mejores resultados del proceso de selección realizado por el CAM. Asimismo, sostiene la parlamentaria, el afectado obtuvo el mejor promedio en tres de los concursos por lo cual no percibe las causas que motivaron el impedimento para el gobernador, quien en todos los casos optó por otro postulante.

Vale recordar que López se desempeñaba en la Fiscalía Anticorrupción, dirigida en su momento por Esteban Jerez, y entre una de las causas que llevaron adelante ambos funcionarios se encontraba las irregularidades que supuestamente se habrían producido en la Fundación PIBE, cuya presidenta era Beatriz Rojkés, esposa del Mandatario.

En la misiva, Elías de Pérez intenta persuadir a Alperovich para que desista de la actitud adoptada. "Si además de la probidad moral, López ha demostrado la mayor idoneidad técnica para desempeñar funciones dentro del ámbito del Poder Judicial, ¿cuál es el motivo por el que nunca es beneficiado por el favor del Señor Gobernador?", se preguntó la radical.

A su vez, alegó que el hecho de que el ordenamiento jurídico lo exima de la obligación de fundamentar su decisión, no implica que esté obligado a ello, "por el contrario, sería saludable para el sistema democrático que explicara las razones por las que adopta esta determinación, pues su silencio no ha hecho más que abrir las puertas a múltiples elucubraciones, algunas de las cuáles afirman que esta situación constituiría una persecución por la labor desarrollada por López en el ámbito de la Fiscalía Anticorrupción", expresa en un pasaje de la carta documento.

En tal sentido, caracterizó como "irrazonable" que el letrado sea apartado sistemáticamente de la posibilidad de acceder a la judicatura. "No hay dudas de que el sistema republicano supone la razonabilidad de los actos de gobierno y que tal condición sólo puede ser testada a través de la publicidad de los mismos y las razones que lo fundan", aludió.

Finalmente, la legisladora opositora señaló que "esta irrazonabilidad, a su vez, tiñe de injusticia la decisión adoptada. Menuda paradoja: los funcionarios que tendrán la responsabilidad de impartir justicia son elegidos en un proceso regido por injusticias. Aparece así otra certeza: la necesidad de corregir esta situación a los fines de evitar un daño mayor", concluyó.