Mientras el fiscal federal Ricardo Toranzos tomaba cartas en el asunto, ese mismo día el policía de 74 años se encargó de rectificar lo que había declarado a este medio 24 horas antes. Ya no habló de cadáveres, sino de un cadáver que según sus dichos apareció flotando en ese espejo de agua con impactos de bala. También sostuvo en esa última entrevista que la víctima había sido identificada, sin recordar de quién se trataba. Tampoco recordó con precisión la fecha del hecho, pero aseguró que eran tiempos del capitán Ulloa cuando fue designado gobernador de facto en la provincia.

Frente al fiscal que lo convocó a una declaración testimonial, Medina modificó más aún lo manifestado a El Tribuno el 28 de diciembre: negó haber sido entrevistado por el periodista Miguel Escalante a pesar del video que lo atestigua. El experito aseguró al fiscal que con el único que habló fue con el periodista Rubén Arenas, que lo visitó al día siguiente en su domicilio de calle Acevedo al 100. También afirmó ante el funcionario que el cadáver apareció en la década del "90 y que correspondía a un vecino de Coronel Moldes. La nueva versión de Medina dista radicalmente de la primera, lo que es interpretado como una muestra de que le aplicaron una suerte de “ley mordaza” para evitar que divulgue detalles de las víctimas que, según el comentario de los salteños, fueron arrojadas al Cabra Corral entre 1975 y 1983.

Se sospecha que una de esas víctimas emblemáticas es el exgobernador Miguel Ragone y eso es lo que la Justicia federal de Salta quiere determinar, tras la condena a prisión perpetua de los principales imputados de este crimen, ocurrido el 11 de marzo de 1976. Pese a que Medina trata ahora de desdecirse de lo declarado a este medio, sus dichos allanaron el camino para que la Justicia profundice esta línea de investigación, no solo para localizar los restos mortales de Ragone, sino de las numerosas personas que integran la nómina de desaparecidos en la provincia. Lo concreto es que Medina, al final, terminó adoptando la misma postura que sus camaradas en el juicio por la desaparición del ex gobernador. Muchos de ellos salieron detenidos de la sala de audiencia acusados de “falso testimonio”.

Mientras los periodistas de El Tribuno, citados como testigos, ratificaron las declaraciones del policía en sendas entrevistas, la abogada de derechos humanos, Tania Kiriaco, avaló la tarea del fiscal Toranzos, y consideró necesario que se haga un rastreo del Cabra Corral en los sectores donde según el comisario aparecieron los cadáveres. “En Salta es vox populi que el dique fue usado como cementerio por los represores. Entonces es necesario hacer ese rastreo”, expresó Kiriaco.