La Carta Magna establece claramente que "todo funcionario o empleado de la Provincia a quien se impute la comisión de un delito de acción pública en el desempeño de su cargo, está obligado bajo pena de destitución, a promover querella criminal contra el acusador y a continuarla hasta la sentencia. Para la tramitación de esta querella, gozará del beneficio del proceso gratuito".

La diputada Sbardella entiende la gravedad de los dichos que los habría pronunciado el Jefe Comunal coloradense, donde habría aseverado que el responsable político de la Policía de la Provincia, "favorecer intencionalmente a los narcotraficantes y de liberar zonas en la provincia para facilitar su accionar".

Por su parte el ministro González al responder al Intendente coloradense dijo que "si cree que este gobierno es flexible con el narcotráfico, que presente la denuncia penal".

En todo caso las fuertes denuncias de Brignole pueden ser consideradas como temerarias y o acertadas, ya que una dependencia policial sin móviles para cubrir con el servicio de seguridad pública o con un insuficiente "cupo" de combustible, podría entenderse como una manera deliberada de "liberar la zona".

Ahora ante la gravedad de los hechos como la gravedad de las denuncias, no dejan otro camino que avanzar hasta llegar al fondo de la cuestión y la diputada provincial Olga Sbardella entiende que la aplicación del artículo 25 de la Constitución Provincial amerita las presentaciones judiciales que corresponden.

?La ley de leyes está no solo para reformarla convenientemente de acuerdo con los intereses políticos, sino también para cumplirlas y si en este sentido el Gobierno provincial espera hacer las cosas como corresponde, debería iniciarse la querella criminal contra el acusador y continuarla hasta la sentencia?, advirtió.

INTRINGULIS

Por un momento hay que ponerse a pensar si como dice el ministro González, el intendente Brignole tuvo un "rapto de intemperancia que lo llevó a tal afirmación". Pero habría que considerar además qué elementos llevaron a uno de los líderes del PJ del interior a hacer tales afirmaciones. Se podría interpretar como una creciente interna del gildismo o un "sincerisidio".

Lo concreto es que después de los dichos de ambos funcionarios, nada debería ser igual y mucho menos que desde ambos sectores se llamen a silencio.

Detrás de todo esto se encuentra la sociedad formoseña que preocupada ante los reiterados hechos de inseguridad y los casos de tráfico de sustancias que involucran al poder político, no tienen avance en las investigaciones.

Por otra parte no deja de ser una gran preocupación que dos grandes funcionarios del gildismo se digan públicamente un montón de cosas ante el asombro formoseño y que ningún fiscal dignifique su función y desestime las dudas en la justicia, iniciando una investigación sobre el asunto.

Brignole podría iniciar la denuncia como le sugiere González o bien llamarse a silencio, mientras que si las afirmaciones del coloradense en definitiva no implican que "se libera la zona al narcotráfico, debería ser el funcionario de Gildo Insfran quien inicie la querella criminal al mandatario comunal.