El desarrollo, en la ciudad de Córdoba, del primer juicio por fumigaciones que se realiza en el país reabrió el debate acerca de la necesidad de regular el uso de agroquímicos en zonas urbanas y periurbanas.

El secretario de Planificación de la UNRC, Nelso Doffo, quien participó de las actividades en el marco de este proceso judicial, señaló que el gobierno provincial debe avanzar en el control de esta problemática para detener el impacto en la salud de la población y evitar que los juicios se repitan en otras localidades cordobesas.

Luego de disertar en el Seminario sobre Justicia Ambiental que se desarrolló fuera de los Tribunales Federales de Córdoba, Doffo analizó los múltiples aspectos en los que se debe avanzar para que las muertes y enfermedades sufridas por los vecinos de barrio Ituzaingó Anexo no sigan repitiéndose en otras poblaciones.

“Espero que la Provincia haga una lectura madura acerca de estos problemas porque realmente uno no quisiera que haya tantos juicios como localidades existen”, dijo el ex defensor adjunto del Pueblo que trabajó junto a distintos barrios de Río Cuarto para detener las fumigaciones cercanas a las viviendas.

En diálogo con PUNTAL, Doffo consideró que es necesario modificar la Ley provincial de Agroquímicos para lograr mayor precisión en la clasificación de las zonas urbanas y rurales, así como en las consecuencias de los distintos herbicidas y pesticidas.

Además, expresó que hasta ahora la Provincia no se ha involucrado en hacer cumplir las normativas vigentes y señaló que los municipios son los que más han avanzado para resolver esta grave problemática ambiental y sanitaria.

Un punto de inflexión

- ¿Qué implicancias puede tener este juicio a nivel provincial y nacional?

Es casi uno de los primeros casos en Latinoamérica de enjuiciamiento por fumigaciones. Creo que va a ser interesante no sólo porque va a movilizar a la población sino también a los funcionarios, es importante para los intendentes, para la Provincia. Espero que la Provincia haga una lectura madura acerca de estos problemas porque realmente uno no quisiera que haya tantos juicios como localidades existen. La verdad es que es un tema que está creciendo mucho.

Creo que éste es un punto de inflexión interesante, es una forma de empezar a mirar las consecuencias de un modelo de producción. Uno desearía que así como un sector tiene una renta interesante con este modelo y lo ha venido haciendo por lo menos desde el 2003 hasta hoy, también haya un poco de justicia ambiental: que los beneficios de este modelo no signifiquen los pasivos para otros.

- ¿Cuál sería el paso necesario para lograr una mayor justicia ambiental? ¿Son necesarias nuevas leyes o sólo deben respetarse las existentes?

Hay de todo. Lo cierto es que esta ley provincial no va más: sí o sí hay que revisarla. Por ejemplo, se establecen ciertas bandas de distancia en las que se aplican distintos herbicidas; ahí hay que revisar cuáles son los herbicidas que están permitidos. Hay que plantear una ordenación del territorio: la Provincia tiene que hacerse cargo de esas zonas de seguridad en todo el territorio, no se puede seguir fumigando en el patio del fondo de la gente que vive en las periferias.

Además, Doffo señaló que este debate lleva a replantear el modelo productivo a nivel nacional, dado que la exportación de cultivos a gran escala está implicando un alto insumo energético y una degradación del ambiente.

El rol de los municipios

El secretario de la UNRC destacó que pese a que los gobiernos provinciales son los que mayor responsabilidad tienen ante esta problemática, hasta el momento fueron los municipios los que mayores avances lograron. Y mencionó las regulaciones en el uso de agroquímicos que impulsaron las municipalidades de Huinca Renancó, San Francisco, así como otras localidades de Santa Fe y Entre Ríos.

“En general, las poblaciones ya están tomando algún tipo de cuidados. Por supuesto que falta muchísimo, hay muchas poblaciones que todavía no están teniendo algún tipo de resguardo legal”, advirtió.

En este sentido, señaló que es necesario establecer zonas de amortiguamiento alrededor del ejido urbano para alejar las fumigaciones de las viviendas. Además, mencionó la necesidad de controlar los aplicadores terrestres “que ingresan al pueblo aún sin limpiarse y se estacionan adentro de la localidad, lo cual viola totalmente la Ley de Residuos Peligrosos y la Ley de Agroquímicos”.

Finalmente, Doffo concluyó: “Me gustaría que la Provincia colaborara más pero lo cierto es que es muy grande el territorio y si de alguna manera los municipios no toman cartas en el asunto esto va a seguir generando hechos como los que llegaron a juicio, con casos tan notables de cáncer y malformaciones”.