Una diputada radical salió a pedirle al flamante gobernador, Francisco Pérez, que derogue el decreto 3.119 que firmó Celso Jaque antes de irse. Ese decreto es la ya conocida y polémica norma que le cede en comodato al club Independiente Rivadavia una parte del parque General San Martín. La legisladora es María Rosa Lemos.

La diputada es tímida. Parece no sentirse muy a gusto con el trato mediático. Explica que no ha presentado un proyecto de ley para derogar ese decreto porque la Legislatura está en período de sesiones extraordinarias, por lo que sólo pueden tratarse las leyes que remite el Poder Ejecutivo.

Efectivamente es así. Actualmente, la Legislatura debate en torno a las cuentas públicas provinciales y la única que sale de ese libreto, presentando un proyecto de resolución, es Lemos. Y en su iniciativa de apenas cuatro artículos pide al actual Gobernador que dé marcha atrás con lo que decidió su antecesor.

Los argumentos de Lemos para que el Gobierno deshaga lo que Jaque hizo se basan en varias leyes provinciales. Primero, en el hecho de que el Parque ha sido declarado área ambiental urbana protegida por la ley 6.394 por ser el pulmón de la ciudad y por ello una unidad ecológica de propiedad de todos los mendocinos.

Esa ley prohíbe el otorgamiento de concesiones y permisos que alteren las condiciones del área ambiental urbana protegida y/o un desmembramiento de su espacio o territorio. Esto hace, por lo tanto, imposible la construcción de canchas de fútbol, sanitarios y demás edificios, ya que los mismos estarían afectando indefectiblemente el ambiente, tal como lo plantea el proyecto del Club Sportivo Independiente Rivadavia.

Lemos también apela a la ley 5.691, de Protección Ambiental. En esa norma se expresa que es interés provincial “cualquier acción y actividad destinada a la preservación, conservación, defensa y mejoramiento de los ambientes urbanos, agropecuarios y naturales y todos sus elementos constitutivos”.

La legisladora señala que “la concesión de bienes públicos se otorga en interés general. No se sabe si la construcción de canchas de fútbol, sanitarios y otros, destinados a actividades deportivas, recreativas, educativas, sociales, etc., serán lugares de acceso público irrestricto o no”.

La historia comenzó con el decreto 3.119, publicado en el Boletín Oficial el 7 de diciembre pasado. En esa norma, el entonces gobernador Celso Jaque ratifica un contrato de comodato firmado por el Gobierno y el presidente de Independiente Rivadavia Daniel Vila.

Por este contrato se le cede al club una hectárea y media de terreno del parque General San Martín, delimitado por las calles Boulogne Sur Mer, Avenida del Libertador, Las Tipas y el Andino Tenis Club, al norte de los portones de ingreso al paseo. Esta decisión de último momento del ex gobernador generó un amplio rechazo de varias entidades.

En la sesión de hoy, Diputados trataría el proyecto de Lemos.