La creciente presencia de cazadores furtivos y los diferentes delitos cometidos en la zona rural pusieron en alerta a los vecinos, quienes a través de la Sociedad Rural de Junín organizaron una reunión con autoridades policiales y de seguridad.

El encuentro se llevará a cabo el próximo lunes, a las 9, en la sede que la entidad tiene en Alvarez Rodríguez 85. Allí, dirigentes agropecuarios y vecinos le plantearán sus inquietudes al Jefe de la Policía Distrital, Marcelo Arigüel; al director de Seguridad del Gobierno local, Víctor Knappe; al Comisario Regional de Patrulla, Claudio Battista; y al Comisario de Patrulla local, Jorge Alvarez, quienes luego de interiorizarse acerca de las problemáticas que afectan a las distintas zonas del Partido, intentarán dar respuestas y ensayar soluciones al respecto.

En diálogo con DEMOCRACIA, el titular de la Sociedad Rural de Junín, Rodrigo Esponda, explicó los motivos que llevaron a organizar la reunión y aseguró: “En principio, vamos a plantear la preocupación que causan los cazadores. Realmente nos preocupa que haya cada vez más gente dentro de los campos, sin permiso. Eso genera cierta desconfianza y temor”.

“También hay hurtos de hacienda y hace unos días robaron herbicidas. Lo que más nos preocupa son los problemas de jurisdicción que existen entre la Patrulla Rural y la Policía local”, agregó.

En este sentido, el dirigente explicó que “antes, los destacamentos de los pueblos dependían de la patrulla rural, pero la nueva superintendencia transfirió los destacamentos de los pueblos a las comisarías Primera y Segunda y dejó los caminos rurales a cargo de la Policía Rural. En su momento se dijo que iban a trabajar todos juntos, porque la inseguridad era una sola, pero la verdad es que sigue habiendo problemas jurisdiccionales”.

Según Esponda, los delitos cometidos en la zona de campos son de tal magnitud que muchos chacareros ya decidieron emigrar hacia las ciudades, al tiempo que las empresas de seguridad privada crecieron de manera notable en lo que refiere a colocación de alarmas.

“Mucha gente se está yendo de los campos por este tema, porque lo que pasa en el campo no es diferente de lo que pasa en la ciudad”, aseguró.

Por su parte, Arigüel desmintió que los delitos fueran moneda corriente en la zona agrícola y aseguró que “no existen problemas de jurisdicción, los inconvenientes, en general, dependen de quién está de turno en cada lugar. Que la patrulla dependa de la Policía rural, no significa que los policías que están en los diferentes pueblos no vayan a hacer un refuerzo. De hecho, tenemos directivas que nos obligan a darle apoyo a las patrullas rurales, en caso de que lo necesiten”.

“Estamos trabajando igual que siempre, lo que pasa es que como hay un jefe más en la zona, hay que pasar un filtro más para pedir explicaciones. Eso por ahí le molesta un poco a la gente de la zona rural”, aseguró.

En cuanto a los delitos más reiterados, Arigüel indicó: “No hay un delito más común, porque la verdad es que no tenemos gran cantidad de hechos. Como en cualquier lado, ha habido de todo, robo de ganado y robo a mano armada también, pero no son tan habituales”.

La creación de la Superintendencia

Tras varios años de reclamos por parte de las organizaciones del sector agropecuario -disconformes con la subordinación de las dependencias dedicadas a la prevención del delito en el campo respecto de las jefaturas comunales-, el gobernador Daniel Scioli creó en junio de 2011 una Superintendencia de Policía Rural, dotada de áreas operativas e investigativas, y dotó a las distintas dependencias de 86 camionetas nuevas para patrullar los campos, una inversión cercana a los ocho millones de pesos.

En aquella oportunidad, Scioli afirmó que tenía “la decisión y voluntad política de no desproteger lo que hace a la seguridad de quienes producen y a quienes con su esfuerzo ayudan a engrandecer cada vez más la Provincia”.

Además, agradeció al Gobierno nacional por las gestiones para que se coloquen nuevas antenas en el interior para tener acceso a la recepción de señal para los celulares, uno de los pilares de las medidas de seguridad implementadas en la Provincia.

La Superintendencia tiene asignada la coordinación de tareas en forma directa para la prevención e investigación de delitos en zonas rurales, con 10 jefaturas zonales, correspondientes al Conurbano Norte, Conurbano Sur, Olavarría, Dolores, Chivilcoy, Pehuajó, Pergamino, Bahía Blanca, Mar del Plata y Tres Arroyos.