Reclusión perpetua en cárcel común y “destitución vergonzante de sus cargos por infames traidores a la patria” fueron las penas pedidas para el general Luciano Benjamín Menéndez y el comisario Roberto Albornoz (alias 'El Tuerto'), en el inicio de los alegatos en el juicio por la represión ilegal ocurrida en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Jefatura de Policía de Tucumán.

El planteo fue realizado, por separado, por los abogados querellantes en la causa que se tramita ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal con asiento en Tucumán.

La letrada Laura Figueroa reclamó que la condena no sea inferior a 100 años para cada uno y de cumplimiento efectivo.

En el caso se analiza el secuestro de 22 personas, que fueron sometidas a privación ilegítima de la libertad, torturas, tormentos seguidos de muerte y homicidio, en el marco de la figura de la desaparición forzada de personas y genocidio, como delito de lesa humanidad.

Menéndez fue involucrado como autor mediato de los crímenes por su rol de comandante del IIIº Cuerpo del Ejército durante la dictadura militar, mientras que Albornoz fue acusado como autor inmediato en algunos delitos (como asociación ilícita y torturas) y mediato en otros (entre ellos, los secuestros), pero en todo caso como partícipe necesario al haber estado al frente del Servicio de Informaciones Confidenciales de la Policía, paralelo al servicio de Inteligencia policial, como encargado de los grupos operativos de la represión ilegal.

En el juicio también están imputados los policías (son hermanos) Luis y Carlos de Cándido pero los cargos contra ellos se terminarán de conocer hoy con la actuación del fiscal federal Alfredo Terraf.

En cambio, el represor Antonio Bussi fue desvinculado del proceso por su estado de salud, y entre marzo y abril fallecieron otros dos militares acusados: Albino Mario Alberto Zimmermann y Alberto Cattáneo.

Durante las audiencias, el testigo Juan Carlos Clemente entregó más de 250 fojas de documentos secretos de la Policía, con listas de desaparecidos, fichas de seguimiento, copias de interrogatorios, recomendaciones de ascenso a efectivos comprometidos con los hechos ilegales y otras pruebas de trascendencia para esta y otras causas en trámite.