En el texto se indicó que tomaron conocimiento a través de expresiones del Secretario de Gobierno que durante la semana entrante, "el Municipio proseguirá con aquella licitación pública por las cámaras de video de seguridad que fuera declarada desierta en base al informe técnico de su propio personal que determinó que las cámaras ofertadas por la empresa Global View (única oferente) no cumplían con los requerimientos técnicos".

Ante esta situación consideraron oportuno precisar algunos aspectos irregulares de este expediente. En primer témino puntualizaron que "conforme presupuestos extraoficiales de empresas de primera línea, que hemos consultado, el valor estimativo por cámara es de $ 41.000 y no de $ 95.000 como surge de vuestro valor estimado para el llamado a licitación (sistema llave en mano que incluye instalación, anillado de fibra óptica, sistema de archivo de imágenes, etc.)".

También se indicó que el sistema de monitoreo "debe ser comprdo para que quede como instalación permanente para nuestra seguridad (como hicieron municipios como San Isidro, Ensenada, partido de la Costa). En cambio en vuestra licitación ese sistema es alquilado por 3 años (recordándose que el valor de $ 41.000 es por venta y que vuestos $ 95.000 son por el alquiler con opción a compra)".

Más adelante, hicieron hincapié en que el pliego confeccionado por el Municipio "no respeta el espíritu del Plan Integral de Seguridad Ciudadana".

Al profundizar esta aseveración, los vecinalistas argumentaron que "los monitores deben formar parte del Centro de Operaciones Municipal, desde el cual se monitorearán, por efectivos policiales, a la misma vez, todos los servicios para emergencias: patrulleros, ambulancias, bomberos, tránsito, inspección general.El objetivo es concreto: desde allí se comandará la concurrencia de quienes se encuentren más cercanos al lugar del siniestro y/o emergencia".

"En vuestra licitación, la Sala de Monitoreo será un departamento estanco, monitoreado por personal no policial, a quien el Municipio deberá pagarle el sueldo pero no podrá comandar ni tendrá el dominio sobre las imágenes obtenidas. De esta manera, carece de sentido ser monitoreados por un particular", consignaron.

Además, objetaron la cantidad de cámartas que se pretenden instalar. "Conforme la obligación por Ud. asumida en la firma del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y en base al cual se le depositó el dinero necesario debían instalarse aproximadamente 360 cámaras en toda la ciudad, con un sistema escalable a mayor número, estimándose el valor de cada cámara en $ 40.600. Sin embargo, ha llamado a licitación por sólo 65 cámaras escalables a 120. Ello resulta injustificable y lesivo a la seguridad ciudadana que se le encomendó", remarcaron.