El ministro de Hacienda, Adrián Cerroni, no puede despejar las suspicacias opositoras. Fue ayer por la mañana a Diputados y los legisladores del Partido Demócrata y el Frente Cívico se oponen a darle todo lo que quiere.

Es que el proyecto de ley que remitió a la Legislatura para lograr reacomodar las partidas presupuestarias y, principalmente, la autorización a tomar endeudamiento por 334 millones, no logra consenso. Los legisladores dicen que hasta 100 millones acceden y que eso alcanzaría para llegar a fin de año.

Mañana, el ministro volverá a reunirse con los miembros de la Cámara baja para aclarar dos puntos que quedan pendientes: las proyecciones de ingresos no tributarios (regalías petroleras principalmente) y de gastos en la partida de bienes de capital (particularmente lo que se va a gastar en obra pública hasta fin de año).

La pregunta es por qué son 334 millones de endeudamiento. En realidad, el artículo 5 del proyecto remitido indica que se solicita autorizar al Ejecutivo a pedir créditos en entidades financieras por 150 millones de pesos. Pero en el mismo artículo se pide la autorización al "uso del crédito de proveedores y contratistas" del Estado por 184 millones. Con este artículo la oposición argumenta que, en realidad, se pide a la Legislatura una autorización mucho mayor a la anunciada originalmente.

La idea que sobrevuela en los ánimos opositores impide un gesto de buena voluntad. Es que, razonan, si hacen falta 334 millones de pesos para terminar el año, el panorama de las cuentas públicas es nefasto o el Gobierno pretende hacer un colchón para enfrentar el año electoral.

"Están sobreestimando el gasto en obra pública y subestimando la recaudación", dice la diputada Liliana Vietti. Y a su voz se suman otro radical, Roberto Infante, y el cobista Alexandre Mazza.

Según explican, a quienes quieran oírlos, "al 30 de setiembre han gastado 82 millones de pesos en bienes de capital y obras públicas. Resulta difícil creer que van a terminar de gastar los 253 millones proyectados en los tres meses restantes de 2010", dicen los tres del Frente Cívico.

En la misma sintonía, el demócrata Roberto Pradines señala el mismo hecho: "¿En tres meses van a cuadruplicar el gasto de bienes de capital?".

La respuesta del ministro va en ese sentido: "Tenemos que pagar las contrapartes de las obras financiadas por BID y BIRF, ya que los organismos internacionales sólo financian el 70%, el otro 30% lo paga la Provincia y venimos atrasados con eso".

Otro tema que genera dudas opositoras son los recursos que están ingresando o ingresarán en fecha próxima. Se trata de un crédito del Banco Nación por 210 millones de pesos, remanente de una autorización otorgada por la Legislatura a fines del año pasado (por 420 millones) del que el Ejecutivo sólo usó el 50%. Otro ingreso son Aportes del Tesoro Nacional por otros 200 millones, que llegarían del Gobierno nacional, por el ingreso al Programa Federal de Desendeudamiento y que corresponden a lo que ya había pagado la Provincia este año de su deuda con la Nación al momento de firmar.

Respecto del crédito, entre ayer y hoy ingresaban en las cuentas del Gobierno 100 millones de pesos y en 30 días llegarían los otros 110. De acuerdo a los argumentos ministeriales, esa plata servirá para cubrir obligaciones que vienen siendo arrastradas del 2009.

Por el lado de los fondos del Gobierno nacional, habrían tratativas para que llegara una parte antes de fin de año. Pero, desde el Ministerio de Hacienda, no quieren dar por seguros esos fondos hasta que no lleguen.

Hablando del asiento contable, las modificaciones presupuestarias (esa previsión que dice cómo se va a gastar cada peso que ingresa a las arcas provinciales) pasan sin problemas el filtro opositor, aunque se le hace una crítica a Cerroni por la presentación formal del proyecto de ley remitido a la Legislatura.

En este sentido, Vietti indica que el proyecto no es claro en la redacción. "El texto debería decir que se incrementa tal partida, se baja tal otra. Necesito tanta plata para cubrir esos gastos", dice la radical. Una formalidad que también implica orden en lo que se va a votar en el recinto