Los recientes -y crecientes- casos de agresiones contra la mujer han movilizado a distintas organizaciones a reclamar que se declare la emergencia de violencia de género en todo el país.

Por esta razón, diversas organizaciones de la sociedad civil de Mendoza tienen como objetivo sumar firmas que adhieran al petitorio para que se declare a nivel nacional la emergencia pública en materia social, como se hizo en diferentes ciudades argentinas. El punto de encuentro fue la Legislatura provincial, lugar en que después se presentarán los resultados de las acciones.

“El motivo de la convocatoria es solicitar que se declare la emergencia nacional por violencia de género a las autoridades”, expresó Karina Ferraris, directora del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) y agregó: “Es precisamente el Estado quien tiene que arbitrar todo los recursos necesarios para avanzar en políticas públicas en materia de violencia de género”.

Según la cifras aportadas por las organizaciones, en lo que va del semestre ya se han registrado 119 femicidios a nivel nacional. Todas estas acciones buscan que se implemente la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Erradicar y Sancionar la violencia contra la mujer, aprobada en 2009.

“Tenemos una ley que está sancionada y reglamentada, pero que no cuenta con presupuesto. Por lo tanto no se aplica”, explicó Silvina Anfuso de División Mujer de la Municipalidad de Godoy Cruz.

Los reclamos por parte de las organizaciones nacionales y provincias apuntan a incrementar el presupuesto existente para atender situaciones socioeconómica, sociopsicológica, asesoramiento y acompañamiento legal que no pueden ser atendidos únicamente desde lo social.

Desde las mismas señalan que este incremento en el presupuesto se verá reflejado en el aporte de datos estadísticos, refugios para la mujer víctima de violencia dentro del hogar, implementación de las comisarías de la mujer, asesoramiento, acompañamiento y acceso a la justicia entre otros beneficios.

“Nosotros decimos que la voluntad política se tiene que expresar en el dinero para que se implemente en políticas públicas . Actualmente, el Consejo Nacional de la Mujer tiene que articular esta ley con un presupuesto que del 0,0027 por ciento del total nacional”, denunció Anfuso.

A su vez sostienen que no alcanza con sensibilizar a las mujeres para que denuncien. “Una vez que la mujer realiza la denuncia debe encontrar la contención necesaria del estado para poder salir de esa situación de violencia. Es necesario aceitar todos los mecanismos existentes tanto gubernamentales como no gubernamentales, pero para que esto suceda se necesita mayor presupuesto. La declaración de emergencia viene a poner en foco esta discusión”, añadió Ferraris.

En Mendoza, hay organismos que ya trabajan en defensa de la integridad femenina. Uno de ellos es la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad. Alicia Prada, titular del organismo, señaló que la ley a la que se hace mención en los reclamos permite que todos los entes estatales junto con organizaciones sociales se sientan responsables y cumplan sus funciones.

“Estamos trabajando en el plan nacional de erradicación de la violencia de género. Todos tenemos que comprometernos en la prohibición, erradicación y la sanción de la violencia contra las mujeres”, expresó.

Las organizaciones que juntan firmas son Frente Amplio Progresista, Múmala, Se Vienen Las Mendocinas y el Área de Género de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).